Más por imposición que por consenso, las Fuerzas Armadas de Bolivia y de otros países han configurado una justicia paralela a la ordinaria para juzgar los delitos de naturaleza militar. Son varios los argumentos a favor de esta determinación (como las ventajas de la especialización), pero sin embargo caen en saco roto ante los numerosos casos inconclusos y sentencias demasiado leves en proporción a los delitos cometidos, y que han llevado a parte de la población a considerar a la justicia militar como una suerte de amnistía entre «bomberos» que evitan pisarse la manguera.
La reciente incautación de un camión de las FFAA con equipos electrónicos de manera irregular ha puesto nuevamente en debate la pertinencia de la justicia castrense. Al respecto, el presidente Morales ha señalado que los efectivos militares descubiertos en actividades ilícitas deberán ser procesados por la justicia ordinaria. Se trata de una importante reflexión que afirma la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, para infracciones corrientes como el contrabando.
Cabe preguntarse qué pasa con los crímenes ocurridos en las unidades militares, como la muerte del subteniente Gróver Poma en Sanandita, o los casos de tortura en el 2010 aún sin resolver. ¿No son acaso delitos comunes y silvestres?
