En efecto, la oposición desplegó una intensa campaña de descrédito del proceso apoyándose en diversos aspectos del controvertido debate que, mal mirados, pueden justificar la desconfianza, lo que obliga a las autoridades del Órgano Electoral a desplegar sus mejores esfuerzos para asegurar la transparencia y el éxito de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ministros del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, y consejeros para el Consejo de la Magistratura, que debería celebrarse en la primera quincena de octubre.
No es la primera vez que los representantes de la oposición despliegan campañas de desinformación para poner en duda los procesos nodales de transformación del Estado en el marco de lo dispuesto en la Constitución promulgada el 2009.
En el inicio del debate, los opositores, con la eficaz ayuda de oficiosos ‘representantes’ de los gremios periodísticos, cuestionaron la disposición contenida en la Ley del Régimen Electoral que prohíbe a los agentes privados la difusión de información, opinión y campañas proselitistas de quienes aspiren a uno de los cargos del Judicial, dejando exclusivamente en manos del Tribunal Supremo Electoral esta delicada misión. Argumentos en favor de esta polémica decisión han abundado, pero no recibieron igual cobertura que los que la cuestionan.
Más adelante, en el curso del debate parlamentario otros dos aspectos han causado la polarización de posiciones. Por un lado están los plazos establecidos para el proceso de selección de las y los candidatos, sosteniéndose que serán insuficientes para garantizar una correcta evaluación de candidaturas; en este caso, recae sobre los y las asambleístas la misión de asegurar que solo las y los mejores accedan a la cúpula de la administración de justicia en el país.
Por el otro lado, los opositores ofrecieron una mirada errónea de la calificación meritocrática al pretender que los diplomas académicos tuvieran mayor peso que la experiencia profesional, como si ésta no fuese parte de los méritos que acumula toda persona. Cabe recordar que los muchos años de universidad no son garantía de idoneidad moral o profesional, pues, como dice el conocido refrán, «lo que natura no da, Salamanca no presta».
Empieza, pues, un inédito proceso que estará signado por el permanente cuestionamiento de dirigentes opositores, y cuyos resultados definirán la salud de la justicia en Bolivia.
