Un proyecto de ley, alentado desde el Ministerio de Culturas, pretende dejar abierta la opción de poder elegir el orden de los apellidos a partir de los 18 años, e incluso quitarse uno de ellos si así se desea. Se trata de una interesante propuesta, pero que podría perder efectividad si se la concibe y diseña bajo consideraciones ideológicas antes que prácticas.
En EEUU, al igual que en muchos países de Europa, los progenitores tienen la posibilidad de inscribir a sus hijos con el apellido que consideren más conveniente; libertad de elección que responde a criterios de utilidad para facilitar la tutoría de los niños, especialmente en el caso de madres o padres solteros que, de no existir esta opción, tendrían que lidiar con problemas legales y trámites engorrosos al momento de viajar o inscribir a sus hijos en el sistema escolar, tal y como sucede actualmente en el país. Por ello, a tiempo de buscar profundizar el proceso de descolonización y despatriarcalización, tal y como lo ha señalado la ministra Salguero, la propuesta de ley no debería descuidar este tipo de conflictos y vacíos legales. De lo contrario, el gran despliegue financiero e institucional necesa- rio para consolidar estos cambios servirá tan solo para posicionar un acto simbólico sin mayores repercusiones prácticas.
