El país parece haber ingresado nuevamente en una espiral de conflictividad social que amenaza la estabilidad del Gobierno. El hilo conductor del discurso en todas las manifestaciones que atraen la opinión pública es la «defensa de los derechos», y sin embargo, su rasgo común es que en el marco de la protesta lo que menos se respeta son los derechos ajenos.
El primero de los conflictos es más bien el residuo del protagonizado por la COB semanas atrás. Los maestros se movilizan en defensa de su derecho a la huelga para no sufrir descuentos por los días no trabajados. Sin embargo, por ejercer su derecho a la protesta, vulneraron los derechos de sus educandos.
Otro conflicto es el de la elección de autoridades del Órgano Judicial, pues la oposición pretende invalidar el inédito proceso a través de un sistemático cuestionamiento de sus diversos aspectos. Uno de ellos es el referido a una supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión de quienes postularán a los cargos en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, así como el derecho a la información de la población votante.
Terciando en el debate político, algunos medios han anunciado que desacatarán la Ley del Régimen Electoral en defensa de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, olvidando que en el artículo 182 de la misma norma se explicita la prohibición para los postulantes de realizar campaña electoral, así como la obligación del Órgano Electoral de difundir «los méritos de las candidatas y los candidatos». Hay, pues, una contradicción cuando se anuncia el apego a una parte de la CPE en desmedro de otras disposiciones del mismo texto.
Finalmente, la más preocupante de las manifestaciones ha sido la de Santa Cruz, donde se exige de forma dramática el respeto de los derechos de las personas a propósito de un caso en el que se está vulnerando el derecho de pueblos indígenas a tener una representación en la Asamblea Departamental cruceña.
Se arguye que el pueblo yuracaré moxeño no existe, y, en efecto, se trata de dos pueblos amazónicos, que por la aritmética de la democracia representativa deben compartir un mismo escaño. El presidente del legislativo autonómico fue detenido por negarse a cumplir con la posesión del representante y su suplente, en flagrante vulneración de sus derechos.
En su entusiasmo, los que piden respeto a sus derechos alientan la quema de la CPE, que es donde, irónicamente, están establecidos esos derechos.
Estamos ante un momento particularmente tenso y convulso, en el que los sectores involucrados siguen sin darse cuenta que la potencia de los derechos está en el reconocimiento de los ajenos antes que de los propios, y no al revés, como viene sucediendo de un modo violento.
