Quién no ha tenido que soportar interminables colas y sacrificar más de una jornada para renovar su licencia de conducir, su carnet o una sencilla fotocopia legalizada del documento de identidad. No hace falta un minucioso estudio estadístico para conocer la respuesta: todos los ciudadanos, mayores de edad, que ven en el cumplimiento de las normas un pilar para el fortalecimiento de las instituciones democráticas; o aquellos que carecían de los recursos o contactos necesarios como para «aceitar» estos procesos. Por ello, no sorprende que la decisión de traspasar la administración de estos documentos a manos civiles esté causando no sólo expectativa sino también júbilo entre propios y extraños.
Algarabía que de entrada coloca una positiva presión y expectativas de excelencia sobre el Servicio General de Registro Ciudadano y de Licencias de Conducir, que será el responsable de llevar a cabo este desafío. Antonio Costas, ex presidente de la Corte Nacional Electoral, ha aceptado encabezar tan importante proceso, bajo una única condición: la participación de los ciudadanos más idóneos en el novel organismo, que aseguren la eficiencia y transparencia de su labor. Huelga celebrar esta determinación, pero sobre todo velar para que la condición impuesta por Costas se cumpla.
