El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación propone una distribución de frecuencias en radiodifusión del 20% para uso estatal y el 80% mediante licitación pública, olvidando que en el país hay una larga tradición de emisoras comunitarias y sindicales que merecen un tratamiento diferenciado.
En la década de 1940, las radios mineras se constituyeron en las primeras experiencias de propiedad sindical de estos medios de comunicación. Posteriormente, este tipo de emprendimiento fue emulado por los trabajadores ferroviarios, petroleros, fabriles y constructores, que instalaron sus propias emisoras financiadas con el aporte laboral en diferentes ciudades del país.
Con esa experiencia, muchos radialistas indígenas formados en las emisoras sindicales y educativas volvieron al área rural y comenzaron a fundar radios comunitarias, agrupadas actualmente en la Asociación de Radioemisoras Indígenas del Altiplano de La Paz (AREIALP), la Asociación Provincial de Radios Comunitarias (APRAC) y la filial boliviana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Recién en mayo del 2004, estas organizaciones lograron que se promulgue el Decreto Supremo 27489; y en diciembre del 2005, el D.S. reglamentario 28526, donde se fija la naturaleza de la radiodifusión comunitaria y se reconoce tanto a la radio como a la televisión comunitaria. Estos medios cuentan con el respaldo de sus comunidades y trabajan esforzadamente en zonas alejadas de las grandes ciudades, buscando el potenciamiento de las identidades culturales, el uso y fomento de las lenguas originarias, además de brindar servicios sociales, de salud, educación, bienestar integral y desarrollo productivo en los ámbitos rurales respectivos.
Frente a esta realidad, resulta importante que la nueva Ley de Telecomunicaciones les dé un tratamiento diferenciado a las más de 200 emisoras comunitarias del país, y la mejor manera sería asignarles un 20% del espectro electromagnético, porque no podrían ingresar al 20% de la frecuencia del sector estatal o al 80% para licitación pública previstos.
En Argentina, la Ley de Telecomunicaciones establece una distribución equitativa de las frecuencias radiofónicas entre el Estado, el sector comercial y el comunitario, cado uno con 30%. En el Ecuador, se está discutiendo una ley con iguales proporciones. En el caso boliviano, una distribución 60-20-20 cumpliría con la forma de trabajo de cada uno de los sectores que trabaja en la radiodifusión nacional, y, por tanto, estaría contribuyendo a la democratización de la comunicación, entendida como un ejercicio activo del derecho a la comunicación e información (reconocido en la Constitución Política del Estado), y que busca la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y equitativa.
