La transformación de la justicia en Bolivia es una tarea largamente anhelada y asimismo postergada. No es fácil: los problemas de inequidad, abuso y retardación son de muy antigua data, y está visto que hay intereses que prefieren conservar las cosas de esa manera y se oponen a todo cambio, como se vio, por ejemplo, con la convocatoria a elecciones para el Órgano Judicial.
En el problema de la justicia intervienen las personas, las leyes y las instituciones. En el caso de las personas, se avecina una inédita elección de autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
El solo hecho de que las y los nuevos administradores de justicia sean votados por el electorado les otorgará una legitimidad nunca antes vista, y en ese contexto es difícil creer que todas y todos estarán al servicio de los dictados del Órgano Ejecutivo, como dicen temer algunos políticos que hasta hace muy poco acordaban las designaciones de autoridades en reuniones de unos cuantos.
En el caso de las leyes, la semana pasada se ha conformado un comité de autoridades de tres órganos del Estado con la explícita misión de generar leyes de transición al nuevo marco constitucional. En ese sentido, se anunció que se adecuará el Código de Procedimiento Penal, la Ley del Ministerio Público y la Ley de Ejecución Penal, los códigos de Procedimiento Civil, de Familia, Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley General del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo.
Ciertamente las leyes no hacen justicia, y a menudo se escucha que en Bolivia hay demasiadas leyes, pero ninguna se cumple. Habrá que ver si esta percepción de sentido común puede ser transformada; para el efecto, hará falta que las nuevas leyes, cuyo plazo de presentación según el flamante comité es enero del 2012, sean no sólo distintas y mejores que aquellas que reemplazarán, sino sobre todo acordes con la realidad nacional y, fundamentalmente, viables. El país nunca más debe tener normas traducidas del francés o del inglés, como ha sucedido a lo largo de toda la historia republicana.
Finalmente, a partir de un nuevo cuerpo de leyes, las autoridades que sean electas deberán abocarse a construir nuevas instituciones. Ésta es la parte más difícil, pues se trata ya no sólo de poseer el conocimiento y la voluntad necesarios para aplicar la ley, sino sobre todo la habilidad de desmontar las viejas estructuras que, previsiblemente, serán defendidas por aquellos que se resisten a cualquier transformación en el Estado.
Hay, pues, una nutrida agenda de trabajo para la creación de una nueva justicia en Bolivia. Será necesario que las nuevas autoridades del Judicial logren ponerse a la altura del reto y, sobre todo, sean capaces de distinguir lo técnico de lo político, evitando repetir los errores que aún hoy se arrastran.
