La desigualdad presupuestaria entre las diferentes asambleas legislativas se debe a las regalías que los departamentos reciben por la exportación de sus recursos naturales. De allí que la Asamblea de Potosí tiene también un presupuesto mayor al promedio (Bs 18 millones). Estas diferencias, al igual que la percepción del presidente del ente deliberativo paceño, Rómulo Cusi (MAS) —quien no comprende cómo un departamento tan grande como La Paz puede recibir menos ingresos que otros más pequeños—, ponen en evidencia no sólo el desequilibrio financiero entre regiones, que se puede profundizar en el nuevo modelo autonómico, sino también la necesidad de una estructura fiscal clara, que regule los gastos e ingresos de los diferentes niveles de gobierno de acuerdo con sus competencias y responsabilidades.
Actualmente, el gasto de las Asambleas Legislativas, concentradas en la elaboración de sus estatutos, se configura según sus recursos antes que sus funciones. Por ejemplo, en Tarija, como informó el Vicepresidente de su Asamblea, más del 50% de sus ingresos (Bs 17 millones) se destina al pago de salarios. No obstante, el gasto de estos recursos debería ir casado con el aparato que indefectiblemente se necesita para el diseño, implementación y cumplimiento de las competencias; sin embargo, este aparato recién se está gestando.
Los presupuestos de las Asambleas Legislativas olvidan peligrosamente que cada competencia implica cuatro aspectos divisibles y con recursos independientes. Éstos son a) el diseño y la formulación de políticas o leyes, b) su reglamentación, que tiene que ver con la adecuación de los espacios regionales o sectoriales, c) la operación (quién ejecuta la competencia) y finalmente la fiscalización, que debería implementarse por manos diferentes de quién diseña o ejecuta las competencias, a fin de realizar un buen seguimiento y una adecuada evaluación.
Y el no haber incorporado esta estructura de gasto dentro del presupuesto, que en definitiva será quien soporte todo el peso de la arquitectura que se pretende edificar bajo el régimen autonómico, representa un sesgo enorme. En efecto, si no se contempla este conjunto de gastos departamentales desde los cimientos, desde el diseño, difícilmente se podrá construir el resto del aparato administrativo que garantice los beneficios esperados de una mayor descentralización; es decir, una mayor eficiencia y responsabilidad en el manejo de la cosa pública, y un mayor control de los usuarios y de la comunidad en general.
