Se trata de un documento largamente esperado no sólo por las especificaciones institucionales y burocráticas que contiene para garantizar la transparencia e idoneidad necesarias en esta inédita elección, sino sobre todo porque es el marco para que los medios de comunicación informen sobre el avance del proceso.
En efecto, mucho debate público provocó la prescripción contenida en la Ley del Régimen Electoral, que señala una serie de restricciones al trabajo informativo de los medios, y que dio pie al reclamo de periodistas y gremios de la prensa en sentido de que estaría vulnerando principios de la libertad de expresión y del derecho a la información. Gran parte del camino se ha allanado con las disposiciones contenidas en el Reglamento, donde, en términos generales, se especifica que no habrá limitaciones a la labor informativa, mientras ésta no sea confundida con propaganda a favor o en contra de los candidatos.
La más importante de esas disposiciones tiene que ver con la vigencia de un principio elemental de la democracia: la igualdad de oportunidades, que en este particular caso significa idéntica cobertura y acceso a los medios de comunicación para todas y todos los candidatos a los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y al Consejo de la Magistratura durante el proceso previo a la elección del 16 de octubre.
Paralelamente, en lo que concierne específicamente al trabajo de los periodistas y medios de comunicación, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido que no existan más restricciones que las ya señaladas: de evitar la propaganda (esta última tarea exclusiva del OEP), y aplicar los más elementales principios de ética periodística: «igualdad de oportunidades, imparcialidad, objetividad y veracidad, en las entrevistas a las y los candidatos y en la información periodística» (Art. 4), todo ello en el marco de la autorregulación de los propios medios.
Irónicamente, han sido los propios portavoces de los gremios de prensa quienes de inmediato han salido al espacio público no para valorar la apertura que el Reglamento posibilita, sino para relativizar no sólo el verdadero alcance de la norma, sino también conceptos tales como la autorregulación y hasta los de imparcialidad y veracidad, base del trabajo periodístico.
Se vienen, pues, tiempos de arduo trabajo para los periodistas, tanto por la complejidad del proceso como, sobre todo, por la obligación que tenemos de ser fieles a nuestros principios éticos.
