La movilización de los vecinos de los 185 barrios del Distrito 8 tuvo su origen en un pliego petitorio de 18 puntos, entre los que sobresalían la demanda de instalación de la red de gas natural domiciliario y de alcantarillado sanitario y pluvial, lo que inevitablemente remite a las luchas de esa misma población entre el 2003 y 2004, primero por la nacionalización del gas y los hidrocarburos, y luego por la salida de la empresa francesa Aguas del Illimani por no cumplir sus compromisos de expansión de la red de agua potable y alcantarillado.
Gracias a la oportuna intervención de una comitiva gubernamental, compuesta por los ministros de Obras Públicas, de Hidrocarburos, de Medio Ambiente y Agua, el presidente de la estatal petrolera YPFB, el viceministro de Régimen Interior y el presidente de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), el conflicto fue resuelto por la tarde del martes antes de derivar en mayores movilizaciones y malestar de la sociedad.
Para el efecto, fue el Ministro de Obras Públicas el encargado de revelar la existencia de un fondo de Bs 23 millones para la primera fase de un proyecto de alcantarillado, cuyas obras se reanudaron ayer mismo como prueba de la voluntad gubernamental de satisfacer esa necesidad, y es de esperar que YPFB haga lo propio, considerando que, como bien señaló el Subalcalde del Distrito 8, es irónico que la zona que se movilizó con mayor contundencia por la nacionalización del gas no cuente con este energético, a pesar de los muchos anuncios de expansión de la red domiciliaria en El Alto.
En el proceso se han revelado otros conflictos asociados, como por ejemplo las demandas de pobladores de municipios vecinos que exigen compensación por el uso de su suelo para el ducto de alcantarillado que transportará los desechos hasta la planta de tratamiento de aguas servidas de Puchukollo y, sobre todo, el malestar en el Distrito 8 por la que consideran ineficiente gestión del Gobierno Municipal alteño, que además de tener que ejecutar obras inconclusas de anteriores gestiones, tiene una larga lista de promesas incumplidas.
Con todo, ha quedado claro que una movilización del Distrito 8 de El Alto tiene la virtud de encender alarmas en la sociedad tanto como en el Gobierno, lo que confirma la fuerza del bloqueo. Lo deseable, entonces, no es tanto desmovilizar a esa población para evitar nuevos conflictos, cuanto resolver sus carencias, pues lo que demandan no es ni más ni menos que vivir bien.
