Es el caso, generalizado, en la ciudad de La Paz, donde por una parte los conductores de trufis y minibuses han adoptado desde hace varios meses la perversa práctica de llevar a sus pasajeros hasta un determinado punto, donde les obligan a bajar o a pagar un nuevo pasaje si quieren llegar a su destino. Por otra parte, el Gobierno Municipal reveló días atrás que al menos 44 líneas de transporte han sido abandonadas por los adjudicatarios, lo que significa que hay varias zonas donde el servicio es peor de lo habitual.
Para agravar las cosas, al saber que el municipio pretende retirar a los sindicatos adjudicatarios las líneas abandonadas, los dirigentes del transporte anunciaron que darán pelea para conservarlas, lo que confirma una vez más que el gremio de los transportistas se cree dueño absoluto del negocio, en desmedro de las personas que necesitan el servicio.
Como una primera medida para poner freno a tanta arbitrariedad, el Gobierno Municipal de La Paz habilitó canales de comunicación para que la gente pueda denunciar a los malos transportistas, y no es de sorprender que las quejas sumen cientos, entre otras razones por malos tratos del conductor, cambio arbitrario de rutas, abandono de los pasajeros en medio camino y discriminación, particularmente contra niños y adultos mayores.
En ese contexto, no se conoce de acción alguna de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, que heredando la actitud de la desaparecida Superintendencia parece hacer la vista gorda ante el sistemático y bien conocido abuso al que someten los choferes a sus pasajeros en todas las modalidades de transporte.
La esperanza, por ahora, está puesta en el todavía poco conocido proyecto de Ley General de Transporte que, se supone, normará todos estos aspectos y, sobre todo, establecerá con suficiente claridad qué instancias son las encargadas de supervisar y regular la prestación de este imprescindible servicio. Desafortunadamente, la experiencia de la abrogación de un reciente decreto que ya normaba estos aspectos, fruto de la presión de los choferes, deja poco espacio para el optimismo.
Mientras tanto, día a día se repiten a lo largo y ancho de las ciudades las escenas de ira y frustración provocadas por el abuso de choferes que se saben impunes. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, ojalá que sea el Gobierno, que tiene la atribución y el poder para hacerlo, así sea a costa de sus buenas relaciones con los dirigentes de los sindicatos del autotransporte.
