Casi coincidentemente, durante el fin de semana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intervino diversas viviendas donde descubrió y destruyó unas 280 microfábricas de cocaína, y días antes se descubrió un grupo de presuntos sicarios, que conservaban, en la lujosa vivienda donde vivían, restos óseos de quien podría ser una de sus víctimas.
Hasta ahí se tienen datos de una situación estremecedora que, con sobrada razón, atrae la atención mediática, pues es evidente que de un modo u otro los casos nombrados y otros más son parte del fenómeno del narcotráfico, que, se ha dicho numerosas veces, implica no sólo el ilícito comercio de sustancias controladas, sino que trae aparejada una espiral de violencia y corrupción que pone en riesgo el tejido social y la pacífica convivencia.
Por otra parte, hay que recordar que en el 2008, meses antes de los cruentos sucesos de septiembre en Pando, este diario publicó abundante información sobre la actividad criminal de sicarios en la capital del departamento amazónico.
No es que una cosa tenga que ver necesariamente con la otra, pero es un antecedente de que la violencia manifiesta sus síntomas poco a poco y que éstos se acumulan, tanto en la sensación de inseguridad de la población como, peor, en la de impunidad de los perpetradores.
Por lo pronto las autoridades han anunciado que tomaron cartas en el asunto del abogado baleado, y no deberá sorprender que de sus declaraciones surjan nuevos datos que conduzcan a siquiera conocer las estructuras mafiosas que se han desarrollado en torno al narcotráfico y sus delitos conexos, pero, lamentablemente, también es posible que surjan nuevas manifestaciones de violencia pública, ora para encubrir, ora para amedrentar.
En ese sentido, es múltiple la labor que deben desarrollar el Ministerio Público, la Policía y todas las instancias estatales, incluidos los gobiernos departamentales y municipales, pues se trata de contener la violencia pública, perseguir y castigar el delito, y sobre todo, brindar confianza a la población en sentido de que su seguridad está garantizada. Y esto último no se logra con propaganda, sino con resultados visibles.
Hay, pues, mucho por hacer y muchos son los llamados a intervenir. No puede ser admisible que crímenes como el del lunes queden impunes o se disuelvan en el maremágnum informativo. El futuro de la sociedad boliviana está en juego, y el único resultado aceptable es una victoria sobre el temor.
