En efecto, las previsiones macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, planteadas en la Ley Financial de este año, preveían un crecimiento anual en el orden del 5,04%. Indudablemente son buenas noticias.
En ese sentido, vale la pena detenerse en el análisis de algunos aspectos de particular importancia en relación a la composición del crecimiento, y quienes se benefician del mismo. Es destacable el hecho de que el buen momento de los mercados de hidrocarburos ha provocado un importante 15% de crecimiento en el sector de petróleo y gas natural. El segundo sector que se ha beneficiado de un crecimiento extraordinario es el de transportes, con un poco desdeñable 9,14%. El tercer sector en importancia es el de la construcción, con un 8,18%.
El crecimiento del sector hidrocarburos beneficia principalmente al Estado (al generar regalías e ingresos impositivos) y a las empresas del sector. Así, las condiciones para la distribución de la renta hidrocarburífera se mantienen estables. Esto genera una doble responsabilidad para el Estado: por un lado, hacer un uso adecuado de estos ingresos, encausándolos hacia la generación de condiciones para el desarrollo del país; por el otro, fortaleciendo a la gallina de los huevos de oro, es decir, a YPFB, empresa que tiene una deuda con el país en términos de las expectativas de desempeño empresarial.
Por otro lado, el notable crecimiento del sector del transporte demuestra que es un sector en bonanza. Empresarios, pequeños propietarios y servicios conexos se están beneficiando enormemente del buen momento económico actual.
Ellos también tienen una deuda con la sociedad: los usuarios exigimos mejores condiciones de seguridad y calidad en el transporte de pasajeros. Las cifras indican que existen recursos en abundancia para cubrir los costos del derecho a viajar con seguridad.
Finalmente, el sector de la construcción plantea algunas interrogantes. Es notable el aumento de la inversión pública en infraestructura en los últimos años. Sin embargo, este incremento, ¿ha ido paralelo a una mayor capacidad de gestión del gasto? ¿Tenemos más y mejores ingenieros supervisando y dirigiendo los procesos de inversión pública? ¿Tenemos posibilidades de garantizar el buen funcionamiento de una cada vez mayor infraestructura en los próximos años? Vale la pena discutir si las políticas de represión del gasto corriente no jugarán en contra del país en el largo plazo.
