La inédita situación plantea dos lecturas paralelas: por un lado, el problema que genera la muy extendida costumbre de dejar este tipo de trámites para último momento, más la irónica situación de personas que se quejan de las filas que se forman, olvidando la irresponsabilidad de su retraso; por el otro, la nueva confirmación del sentido de deber cívico que manifiesta la población en este tipo de procesos electorales.
En efecto, durante las tres semanas previstas para el empadronamiento masivo, el TSE publicitó ampliamente la campaña de registro de votantes; sin embargo, al parecer la gente sólo retuvo el mensaje referido al plazo, lo que explica que la gran mayoría hubiese esperado, literalmente, hasta el último día, provocando inmensas filas en prácticamente todas las ciudades del país, y con ellas la molestia de muchas personas impacientes, que en no pocos casos llegaron incluso a bloquear calles, castigando de esta manera al resto de las personas, que ni son responsables de la lentitud del trámite ni, mucho menos, de la impuntualidad de los enojados.
Hay aquí, pues, un problema cultural, que tiene que ver con el sistemático desconocimiento de la noción del bien común, que a su vez se traduce en actitudes intolerantes hacia los demás y en la falta de reconocimiento de las responsabilidades propias como forzosa contraparte de los derechos que se reclaman. Por otra parte, aún antes de que concluya el plazo legal para la inscripción en el registro biométrico, el Órgano Electoral informó que la meta de nuevos inscritos había sido superada, dando un mentís a aquellos que una semana antes llamaban la atención sobre el hecho de que hasta ese momento el número de inscritos llegaba, aproximadamente, a una cuarta parte de lo previsto.
Es evidente, entonces, que incluso en contextos de desinformación y presión adversa, como la que se vive desde hace varias semanas con la campaña opositora en contra del proceso de elección de autoridades para el Órgano Judicial, la ciudadanía asume su obligación de participar en el acto eleccionario, incluso si sólo fuera por el temor a las sanciones legales para quienes no votan.
Se tiene, en fin, difíciles perspectivas hacia el 16 de octubre, pues la lucha política promete ser encarnizada; pero también interesantes, en la medida en que no sólo se realizará un hecho inédito en el mundo, sino que la institucionalidad democrática boliviana podría resultar reforzada si este proceso se ve acompañado de transparencia y legitimidad.
