Durante tres días, el bloqueo al relleno de Alpacoma vulneró al menos dos derechos fundamentales de la población paceña: el derecho a la salud y a la libre circulación. Los vecinos que protagonizaron este incidente defendieron sus acciones argumentando que el gobierno municipal de La Paz no cumplió con las promesas ofrecidas en compensación a las externalidades de albergar un relleno sanitario en su zona.
Al respecto, voceros de la Alcaldía aseguraron el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos, y explicaron que en realidad detrás de este incidente se esconde la intención política de apropiarse de terrenos que pertenecen al municipio paceño. Los aprontes del Alcalde de Achocalla y de otras autoridades ediles, que se están articulando con sus pares de Palca y Mecapaca, con el fin de presionar a La Paz para conseguir sus pretensiones, confirman esta intuición.
Si bien la situación se vislumbra complicada, estas medidas de presión y la amenaza de un futuro cerco carecen de toda legalidad o legitimidad, y debieran ser nombradas y tratadas como lo que son, delitos comunes. Ningún vecino ni mucho menos una autoridad puede atentar contra la salud y la libre circulación de la población, independientemente de que ésta pertenezca o no a su jurisdicción. De prosperar el cerco en contra de nuestra urbe, las autoridades municipales de Achocalla, Palca y Mecapaca estarían atentando en contra del Estado de Derecho.
En octubre del 2003, la población de La Paz estuvo dispuesta a soportar las carencias de un cerco porque muchos comulgaban con la causa que motivó tal movilización. Pero ahora la situación es totalmente distinta, y resulta previsible que los paceños no van a admitir la vulneración de sus derechos por prebendas políticas ni mucho menos por intereses particulares. Prueba de ello es que la Federación de Juntas Vecinales de La Paz ya se está organizando para implementar el miércoles una marcha en este sentido.
Las autoridades del nivel central y de la Gobernación no pueden ni deben mantenerse al margen de este conflicto, no solamente porque la responsabilidad de hacer respetar el Estado de Derecho y la de resolver desencuentros territoriales entre municipios recae en sus manos, sino también porque de prosperar, estas arbitrariedades estarían alentando, irresponsablemente, un posible enfrentamiento entre hermanos con peligrosas repercusiones; enfrentamiento mucho más fácil de prevenir que de contener.
