Especialistas, observadores y autoridades han empezado a enviar señales de alerta sobre los impactos que puede tener la crisis financiera global sobre la economía boliviana. Los problemas presupuestarios de EEUU han generado reacciones adversas en los mercados financieros y, cual cadena de eventos, los precios de las materias primas y de las exportaciones basadas en recursos naturales han empezado a declinar. La crisis financiera, por lo tanto, puede afectar a Bolivia por la vía de la disminución de los ingresos de los principales rubros de exportaciones.
Es bien sabido que, en tiempos de crisis, la inversión pública en infraestructura puede sostener el crecimiento económico y el empleo; cuando la primera onda de la crisis azotó a EEUU y a Europa en el 2008, prácticamente todos los países incorporaron un fuerte componente de inversiones en infraestructura.
Volviendo al tema de inicio, la semana que ahora acaba el Gobierno conjuró un conflicto social en El Alto, que en última instancia movilizó una parte de la población alteña bajo la consigna de mayores recursos para ejecutar en obras. Vale la pena recalcar que el Gobierno Municipal de El Alto acusa un nivel de ejecución que no supera el 20% de su presupuesto.
Si la crisis está por tocar las fronteras de Bolivia, y si la inversión pública puede mitigarla, ¿cómo es posible que no se resuelva el problema estructural de la falta de ejecución presupuestaria? El Presidente se refirió al tema en su discurso del 6 de agosto, sugiriendo que la normativa anticorrupción desincentiva a los funcionarios públicos a tomar decisiones. Además, los procesos y procedimientos de ejecución presupuestaria son complejos, no existe suficiente personal con la formación requerida y, para colmo, los municipios más pequeños y alejados son los que más sufren por la precariedad de sus recursos, humanos y tecnológicos.
Hasta el momento, hubo algunos intentos de mejorar lo que se refiere a procesos; se reformularon las normas básicas de contratación de bienes y servicios y el Gobierno señaló hace poco, mediante la Ministra de Autonomías, que existe una iniciativa para dar mayor simplicidad a la norma. Queda pendiente, por lo tanto, lidiar con la capacitación de los funcionarios responsables de la ejecución y con los desincentivos de la Ley 004. Que la transparencia sea una herramienta para formar e informar a la población, no para obstaculizar el impulso a la actividad económica en tiempos de crisis.
