Hoy se cumplen dos semanas desde el inicio de la marcha indígena en contra de la construcción del tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que atraviesa el Territorio Indígena Parque Natural Isiboro Sécure (TIPNIS). El diálogo para detener la marcha no ha prosperado y, por el contrario, las partes se han causado daño político mutuamente.
La demanda que motivó el inicio de la larga caminata es legítima: los indígenas que habitan el TIPNIS temen que la carretera afecte severamente su ambiente y su forma de vida. El problema es que más pronto que tarde se evidenció que había muchas manos sirviendo el plato del conflicto indígena, incluyendo a ONG ambientalistas y hasta la Embajada de EEUU en Bolivia, que reconoció que su especialista en asuntos indígenas tuvo contacto con algunos dirigentes de la marcha, aunque negó que haya intromisión.
Como respuesta a la denuncia de que contradice su discurso de defensa de la Madre Tierra al pretender construir una carretera en un área protegida, el Gobierno descalificó a quienes así lo señalaban, demostrando que existen otros intereses detrás de los dirigentes que impulsan la marcha. En efecto, se ha denunciado tráfico de tierras y madera en gran parte de la Amazonía, y el TIPNIS no es la excepción; las denuncias provienen tanto de la parte gubernamental como de otros dirigentes indígenas.
La plataforma de 16 puntos, por su parte, revela los intereses de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que se ha sumado a las movilizaciones pero incorporando demandas relacionadas con asuntos política y geográficamente alejados del polémico trazo de la carretera que comunicará Beni con Cochabamba. Naturalmente, y de esto se ha hablado más bien poco, hay también intereses geopolíticos. Tres son los países que han mostrado su posición al respecto: Bolivia, Brasil y EEUU. Hasta ahora el Gobierno boliviano ha sumado a la mayoría de los movimientos sociales del país en su favor.
Pero además de cuestionar a algunos dirigentes, el Gobierno ha demostrado su deseo de diálogo con la dirigencia de la marcha movilizando como en ningún otro conflicto a un equipo de ministros encargados de lograr acuerdos o siquiera condiciones para un encuentro de los marchistas con el Presidente. La Fundación UNIR propone como escenario ideal aquel en el que ambos extremos confluyen a través de un diálogo entre indígenas y Gobierno despojado de intereses particulares, que cediendo y concertando pueden lograr «acuerdos que consideran los factores estructurales: gestión sostenible de áreas protegidas y territorios indígenas del país y propuesta de desarrollo humano y sostenible».
En todo caso, al margen de cómo se resuelva el conflicto, hay algo que ha cambiado en la relación entre el presidente Morales, su gobierno, y los pueblos indígenas de tierras bajas, el impacto se verá en el tiempo.
