El sábado, seis ministros llegaron hasta San Borja para entablar un diálogo con los marchistas en torno a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y presentaron seis alternativas al tramo II de la vía.
Sin embargo, los representantes indígenas las rechazaron, pues todas ellas amenazan con fragmentar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ante la negativa, la comisión gubernamental propuso realizar una consulta previa vinculante entre las 64 comunidades que habitan el área protegida.
Los representantes de tierras bajas también rechazaron esta propuesta, temerosos de que el Gobierno logre acuerdos con indígenas disidentes y organizaciones/poblaciones interesadas en la construcción de la carretera. De todas maneras, la consulta se llevará a cabo, pues, como ha señalado el Presidente del Estado, se trata de una atribución que tiene el Gobierno en concomitancia con la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado.
El Gobierno defiende la construcción de la carretera por constituir un eje potencial de desarrollo regional, que mejoraría la integración oriente/occidente y la infraestructura de servicios en torno a esta área. Por su lado, los indígenas temen ser desplazados a los márgenes del TIPNIS y a las ciudades, frente al avance de los colonizadores más allá de la «línea roja»; lo que finalmente devendría en la erosión de su estructura social y su cultura. Al respecto, el Gobierno ha adelantado propuestas de ley que prohibirán asentamientos, cultivos y el tráfico de madera en el parque; cuya efectividad, sin embargo, ha sido cuestionada por los indígenas por la débil presencia estatal para controlar el avance de estas actividades.
Ambas posiciones tienen argumentos de peso para sostener su posición, pero lamentablemente son mutuamente excluyentes en ciertos aspectos. Una consulta previa podría inclinar la balanza a favor de alguna de las posiciones, pero de todas maneras no lograría resolver el conflicto. En este sentido, habría que barajar la posibilidad de conformar una comisión, constituida por expertos de reconocido prestigio ético y profesional, que promueva un acuerdo entre ambas posiciones. Cabe aquí recordar uno de los consejos del libertador Simón Bolivar: «En todos los negocios entre dos contrarios se nombra un tercero para decidir, y no sería absurdo que en los intereses más arduos de la sociedad se desdeñara esta providencia dictada por una necesidad imperiosa».
