En efecto, desde el bloqueo en Yucumo, ejecutado por comunidades de colonos interculturales, pasando por el ejecutado hace una semana en la Chiquitanía cruceña por propietarios de automóviles de contrabando, hasta el realizado días atrás en el Distrito 8 de El Alto por un grupo de padres de familia, queda patente que la vieja técnica y las motivaciones parciales que suelen inspirarla siguen siendo parte indisoluble de la práctica política.
En el caso de los interculturales, la demanda para levantar el bloqueo, que en los hechos impide el avance de la marcha indígena, es que se retiren de la plataforma de demandas de los marchistas cinco puntos que amenazan sus ambiciones de desarrollo local; al mismo tiempo, los marchistas inspiraron bloqueos de apoyo a su demanda en el Chaco (antes de que la Asamblea del Pueblo Guaraní decidiera retirarse de la marcha y negociar sus demandas con el Gobierno), en Beni y en Pando. En todos los casos, el efecto inmediato se tradujo en la imposibilidad de muchas personas de ejercer su derecho a la libre circulación, con los consiguientes perjuicios en sus actividades.
Pero además de esas manifestaciones, que se comprenden en el marco de un conflicto mayor: el referido a la carretera que atravesará el TIPNIS, también se han producido otros que son la clara muestra de hasta dónde puede haber falta de correspondencia entre la medida y las demandas que persigue. El caso de la Chiquitanía es, tal vez, la más elocuente muestra de uso espurio de esta medida, pues los propietarios de vehículos indocumentados cerraron las carreteras de su región exigiendo la ampliación del plazo para la nacionalización de autos indocumentados y arancel cero para el caso de los vehículos nuevos.
Finalmente, la Asociación de Padres de Familia del Distrito 8 de El Alto se mostró como la más arbitraria y dañina, pues su bloqueo fue para que la Federación de Padres de Familia entregue más recursos del programa «Bolivia cambia, Evo cumple» a esa zona de la urbe, y su efecto fue la amenaza de escasez de combustibles en esa ciudad y en La Paz, pues el bloqueo afectaba directamente a la planta de YPFB en Senkata.
Mala señal, pues, que el bloqueo haya vuelto a la agenda pública, ya que demuestra, por un lado, que aumenta la disidencia con el proceso que impulsa el Gobierno y, por el otro, que la población sigue sin considerar que la vulneración de derechos ajenos es un mal camino para exigir el cumplimiento de los propios.
