Días atrás, la Policía española desarticuló una red en la provincia de Vizcaya (norte) que obligaba a mujeres inmigrantes a ejercer la prostitución en pésimas condiciones. La operación, iniciada a principios de abril, permitió liberar a 16 mujeres, la mayoría bolivianas y paraguayas. Como es costumbre en este tipo de negocios, las muchachas fueron obligadas a prostituirse por medio de extorsiones y amenazas. Por ejemplo, retenían sus pasaportes, vivían encerradas y eran obligadas a consumir estupefacientes.
Mientras esto sucedía en España, al otro lado del hemisferio al menos 76 ciudadanos bolivianos fueron rescatados de talleres clandestinos en Buenos Aires, donde trabajaban en condiciones infrahumanas. Según detalla un reporte policial, los afectados eran contactados en Bolivia con promesas de estabilidad laboral y tramitación de visas de trabajo; pero una vez que llegaban al país vecino, las ilusiones se convertían en pesadillas.
Se trata de dos casos típicos de trata y explotación de personas, un terrible negocio que se vale de la ingenuidad y la desinformación para medrar con la vida y la dignidad de los sectores más vulnerables; y que lamentablemente prospera no sólo gracias a la incapacidad de las autoridades, sino también por la indiferencia de la sociedad civil.
