En varios sectores de la ciudad, el paro de 48 horas decretado por los choferes del transporte público derivó en arbitrariedades y actos de violencia. El caso más evidente fue en Pasankeri, barrio colindante con El Alto, donde los vecinos se organizaron para, según dijeron, exigir de manera pacífica el levantamiento del bloqueo. No obstante, los conductores sindicalizados los recibieron a pedradas; acto de intransigencia que dejó ocho heridos, entre ellos un periodista.
En diferentes grados y matices, estos abusos se repitieron en otros puntos de la ciudad. Gran parte de los choferes del transporte libre que intentaron trabajar resultaron “chicoteados”, se rompieron parabrisas, se pincharon llantas de vehículos particulares y motocicletas, incluso se impidió la circulación de ambulancias en la avenida Zavaleta.
Lejos de conseguir su propósito (debilitar la gestión del alcalde Revilla para que se abrogue la ley municipal que intenta regular el transporte público), la norma de marras y el burgomaestre paceño salieron fortalecidos. En efecto, la reacción de la población debería ser suficiente para que los choferes comprendan que se equivocan, de cabo a rabo, cuando piensan que las calles les pertenecen, y que pueden imponer sus reglas por medio de amenazas y amedrentamientos.
