La emergencia de nuevos actores y la diversificación de las formas de acción colectiva y movilización social marcan la experiencia política boliviana de los últimos 12 años. El país alberga los experimentos más audaces de profundización de la democracia en que el reto de conciliar la democracia representativa, participativa y comunitaria ganó notoriedad mundial. El cuestionamiento de las formas convencionales de representación política y la legitimidad de la estrategia de lucha por el poder con base en los movimientos sociales son logros del Movimiento Al Socialismo.
Según el sociólogo García Linera, antes de asumir la vicepresidencia, la ascensión política del MAS se fundó en la búsqueda de hegemonía al interior de los movimientos sociales. En sus palabras: “así como los mineros lucharon por el país, los cocaleros se han sumado ahí donde habían movilizaciones y demandas de otros sectores, aunque no les competía directamente. Eso les dio un liderazgo nacional… Ahí (en la Guerra del Agua) tienes a los cocaleros y a la estructura naciente del MAS buscando presencia nacional a través de la construcción de una hegemonía al interior de los movimientos sociales.”
Pero “otra cosa es con guitarra” y una vez en el poder los discursos políticos oficialistas cambiaron radicalmente. Si antes los movimientos sociales estaban construyendo “el escenario para la emancipación indígena, la autodeterminación de las nacionalidades indígenas” (palabras de Linera), ahora los movimientos sociales que luchan por estos mismos ideales son “traidores de la patria” y “desestabilizadores del Gobierno”. La IX marcha indígena lucha por el respeto de los valores que antes defendía el líder Evo: los derechos colectivos, de la Madre Tierra y la plurinacionalidad.
La altura del horizonte histórico que proponía el proyecto del MAS se choca con la bajeza de las tácticas para mantenerse en el poder. Ahora se atribuye la posición de árbitro supremo sobre los “buenos” y los “malos” movimientos sociales: aquellos que están a favor de la cada vez más cuestionada “revolución democrática descolonizadora”, y aquellos que cuestionan las acciones gubernamentales contrarias a sus propios compromisos. La otra táctica es la “acusación” y amedrentamiento a los políticos de oposición y a los ciudadanos que apoyan moral y materialmente a los “malos” movimientos sociales.
Acusación insólita en un régimen democrático donde la participación política es un derecho irrenunciable. Por último, pero aún más indignante, es la violación de privacidad de los ciudadanos y las justificaciones más ridículas para este abuso.
Como expresado por el sociólogo Linera, “la asociación de varias clases e identidades sociales, sin una hegemonía única en su interior… (Donde) pueden sumarse campesinos, regantes, estudiantes, obreros, desocupados, intelectuales, individuos sueltos, (en que) la hegemonía se mueve alrededor de temas, de circunstancias, autonomía de cada organización en función de sus repertorios y estructuras” es la forma multitud de los nuevos movimientos sociales. El conflicto del TIPNIS, en que colectivos ciudadanos se movilizan para vender tarjetas para proveer pañales, toallas higiénicas, medicamentos a los marchistas indígenas, es la expresión genuina de esta forma de participación política.
Con mucha dignidad participo de uno de estos colectivos y aprovecho para animar a todos y todas que apoyan los principios constitucionales que defiende la IX marcha a manifestarse de las formas que les parezcan adecuadas. ¿Es apoyo político? Por supuesto que sí, toda vez que lo que está en juego es el posicionamiento sobre derechos y el tipo de desarrollo que queremos para Bolivia.
