El tema más importante en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Río+20 es la transición de nuestra sociedad hacia la denominada “economía verde”. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) considera que una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales. Al mismo tiempo, sería aquella economía que “tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente”. Esta propuesta impulsada por varios países, la cooperación internacional y varias organizaciones, es vista por muchos como la salvación para la deteriorada situación ambiental en la que nos encontramos. En la última década se han acelerado la crisis del clima, de la diversidad biológica, del combustible, alimentaria, del agua y, finalmente, del conjunto de la economía global.
La premisa básica para defender la economía verde se sustenta en que la errónea asignación del capital a la economía marrón (propiedades, combustibles fósiles y activos financieros estructurados) es el elemento central de estas crisis. ¿Enverdecer la economía es la solución? Existe una serie de factores fundamentales y profundos que evitan que ese enfoque sea la solución a nuestros problemas ambientales. El concepto de “economía verde” no sustituye al de “desarrollo sostenible”, y hay muchas más dimensiones en el desarrollo sostenible que la asignación del capital. Un punto clave tiene que ver con la distribución de la riqueza y la equidad: ¿dónde está la garantía de que a través de una economía verde se abordarán de manera sustancial problemas como la marginación social o la concentración de riqueza en unos cuantos? Resulta difícil creer que la transición hacia esta nueva propuesta podría lograrse cuando los que hoy manejan la economía marrón mañana manejarán la economía verde, y cuando el 2% de la población mundial concentra más de la mitad de riqueza global.
Un segundo factor limitante tiene que ver con la pluralidad de puntos de vista sobre cómo abordar los problemas de desarrollo y los problemas ambientales. En la Conferencia, los Estados actúan y negocian por un lado, las organizaciones de cooperación y ONG actúan por otro, y los movimientos sociales y pueblos indígenas por otro. No se juntan, no dialogan, no tratan de entenderse, no buscan en la pluralidad de opiniones las soluciones para problemas comunes. El problema de la inequidad en este contexto es también evidente. Mientras no encontremos la vía real, no burocrática, para dialogar entre todos, no podremos convenir una solución, que tomando en cuenta los límites naturales que la Naturaleza nos impone nos permita desarrollarnos plenamente en armonía para vivir bien.
