Cuando el problema de Colquiri lograba por fin resolverse, se le ha abierto un nuevo frente de conflicto para el Gobierno, casualmente por los mismos móviles y en perjuicio de la misma compañía minera privada. En efecto, ayer, tras una larga negociación y varios heridos de por medio, una comisión gubernamental logró un acuerdo con los asalariados y cooperativistas de Colquiri, en el que se establece la nacionalización de esa mina y el “respeto” de los yacimientos actualmente explotados por las cooperativas.
Mientras esto ocurría, horas antes, cooperativistas potosinos tomaban las oficinas de la Empresa Minera Porco, administrada también por la empresa minera Sinchi Wayra SA (subsidiaria de la suiza Glencore), exigiendo que se ceda parte del yacimiento de zinc y plata a la localidad.
Estos dos casos, de una lista cada vez más larga, revelan el acelerado crecimiento y empoderamiento de las cooperativas mineras, resultado de la bonanza de los precios internacionales de los minerales. Fenómeno que se está traduciendo en el incremento de la minería informal. Es decir, en emprendimientos privados que no pagan impuestos; que son implementados sin controles operativos, ningún cuidado ambiental y bajo criterios artesanales; y que amenazan con destruir la industria minera del país.
