Desde hace semanas, esposas de suboficiales y clases de la Policía están en emergencia, reclamando mejora salarial para sus parejas. Esta semana, la movilización, originada en Cochabamba, se ha convertido en huelga de hambre de piquetes repartidos por casi todas las capitales del país y las demandas ahora son cuatro. Más síntomas de descomposición en la Policía.
En efecto, la huelga de las mujeres, que hasta ayer incluyó la toma de importantes unidades policiales en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, ahora demanda, además de un incremento a los salarios de policías, que los nivele con el de sus similares en las FFAA, la abrogación de la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía, una jubilación al 100% y la creación de la Defensoría del Policía.
En el caso de los salarios, la demanda no sólo desnuda la baja remuneración que perciben los suboficiales y clases, causa de la proverbial corrupción que caracteriza la actuación de muchos uniformados, y que en todos los casos termina beneficiando también a los oficiales a cargo; asimismo, revela una inequidad en la remuneración de los miembros de las diferentes fuerzas de seguridad del país. En lo específico, las tareas de FFAA y Policía son diferentes, pero también poseen suficientes elementos en común como para que sus miembros sean pagados de igual forma.
En lo referido a la abrogación de la Ley de Régimen Penitenciario de la Policía, cabe la posibilidad de que algunos artículos sean discutibles; sin embargo, también es posible inferir que la demanda de cambiar esa ley tenga que ver con la eliminación de un obstáculo para las ya señaladas prácticas corruptas, que en el caso de los policías de más bajo rango son en los hechos una forma de “redondear” el magro salario mensual. En el mismo sentido, exigir una jubilación equivalente al 100% del salario es un indicio de que si la remuneración recibida en el servicio activo es baja, peor lo es en el pasivo, cuando además se pierde la posibilidad de solicitar o recibir soborno. Ciertamente no es una justificación, sino una alerta de que ahí hay un problema estructural.
Finalmente, el más llamativo asunto en el conjunto de demandas es el referido a la creación de una Defensoría del Policía. Por su naturaleza intrínsecamente vertical y jerárquica, la institución del orden también es ámbito de injusticias, abusos y vulneración de derechos humanos. Inevitablemente, quienes están más abajo en la jerarquía reciben la peor parte. Hace falta, en esto, una apropiada actuación de la Defensoría del Pueblo, que desde hace años conoce de la necesidad de los policías de contar con quien defienda, o restituya, los DDHH dentro de la institución.
Hay, pues, mucho que cambiar en la Policía, y no es descabellado pensar que los tiempos de crisis son los más apropiados para implementar medidas drásticas y, ojalá, efectivas.
