Como una “vigilia” calificaron tres asambleístas de la agrupación opositora Convergencia Nacional (CN) el hecho de tomar la oficina del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (OACNUDH) en Bolivia. El alto oficial de la ONU, al igual que sus superiores en Ginebra, calificaron la decisión como “desafortunada”.
En efecto, días atrás, Adrián Oliva, Carmen Eva González y María Elena Méndez, compañeros de Róger Pinto (refugiado en la Embajada de Brasil en Bolivia debido a que se le siguen juicios por corrupción que él considera políticos), en un acto de mala fe, solicitaron entrevista con el representante de la OACNUDH, y al terminar la reunión anunciaron que se quedarían en esas instalaciones realizando una “vigilia”.
Cuando se les pidió que desalojen el lugar, no tuvieron mejor idea que denunciar la vulneración de su derecho a la libertad de expresión, y agregaron que esa oficina de la ONU está parcializada a favor del Gobierno y que parece “un sótano del Ministerio de Gobierno”. Finalmente, hicieron conocer que demandan una ley de amnistía política.
Por donde se lo mire, el comportamiento de los legisladores es no sólo una muestra de falta de habilidad política, sino también incapacidad de darse cuenta de la vergüenza propia y ajena que causan.
