Días atrás, el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó y remitió al Ejecutivo para su promulgación la Ley de Protección a Personas Refugiadas. En tiempos en que el refugio político adquiere nuevas connotaciones, esta ley actualiza la normativa vigente al respecto y atribuye al Órgano Ejecutivo la responsabilidad de conceder o no el beneficio.
En efecto, la norma, cuya promulgación debiera producirse esta semana, establece la conformación, de acuerdo con normas de derecho internacional, del Consejo Nacional del Refugiado (Conare), instancia responsable de recibir y procesar las demandas de refugio político. Al igual que en el Decreto Supremo 28329, de 2005, al que reemplazará, señala que el Conare tendrá tres niveles: el Ejecutivo, el Consultivo y el Operativo.
En el primer nivel participarán los ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Justicia; en el segundo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y en el tercero, la Agencia Implementadora de los Programas del ACNUR en Bolivia. Aunque los tres niveles tendrán derecho a voz en las deliberaciones para la otorgación del refugio a quienes lo soliciten, sólo el nivel Ejecutivo podrá emitir voto.
Al respecto, el exdefensor del pueblo Waldo Albarracín opinó que la decisión de otorgar refugio no sólo debería depender de las instancias gubernamentales. Dijo que entes internacionales también deberían tener capacidad de decisión. Por su parte, uno de los legisladores proyectistas de la norma afirmó que el proyecto de ley fue consensuado con el actual Conare, el ACNUR y con instituciones de DDHH.
Según un informe oficial de la oficina de ACNUR, al 31 de diciembre de 2011, en Bolivia se encontraban en condición legal de refugiados 858 personas de 26 países: 508 hombres y 350 mujeres. El mismo informe establece que Ecuador es el país con mayor población refugiada: 55.092 personas. En la gran mayoría de los casos, las circunstancias que obligan a una persona a solicitar refugio político son en extremo dramáticas, sin duda muy lejos de los publicitados casos de políticos bolivianos, que gozan además de ese estatus en países vecinos, también una holgada situación económica y el apoyo de influyentes políticos que les son afines ideológicamente.
Sin embargo, en la medida en que los derechos humanos son universales, todas las personas, gocen o no de privilegios políticos o económicos, pueden solicitar la protección institucional que ofrece el refugio político, y ninguna ley puede o debe establecer discriminaciones de ningún tipo. Pero lo cierto es que en varios casos recientes, la presión política y mediática también ha logrado influir sobre las decisiones de más de un Conare en países vecinos a favor de esos privilegiados, quedando en el anonimato numerosos casos de mayor urgencia.
