Ante los magros resultados de la lucha contra las drogas, que no ha hecho sino incrementar el número de muertos y la violencia, hace ya bastante tiempo que se debate sobre las ventajas y desventajas de regularizar la venta de estupefacientes en la región. El jueves 21, el Gobierno de Uruguay decidió pasar de las palabras a los hechos, al presentar un proyecto de ley para regularizar la producción y comercialización de la marihuana, de manera controlada bajo monopolio del Estado.
Si bien no se trata de una determinación inédita, pues Holanda ya dio el primer paso en este sentido, es un primer paso que obligará a la sociedad uruguaya a estudiar con mayor profundidad las implicaciones, locales e internacionales, de asumir una medida cuyos alcances son difíciles de medir.
Al respecto, cabe recordar que, desde 2013, el Gobierno holandés decidió prohibir la venta de marihuana, hongos y hachís a los extranjeros; y limitar su comercialización exclusivamente a ciudadanos neerlandeses (registrados previamente en los coffee shops). Ello con la esperanza de retomar el control de un negocio que se les está yendo de las manos, pero también para poder identificar a los consumidores con el fin de aplicar políticas de salud y de prevención con mayor eficacia.
