Para nadie es desconocido que las cooperativas mineras son un factor de poder determinante en el país, y no sólo desde la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno, sino desde mucho antes; sin embargo, también son potencial fuente de conflicto, como lo demostró recientemente el caso de la mina Colquiri, que se resolvió tras confirmarse sus privilegios.
En efecto, un revelador reportaje publicado el domingo en nuestro suplemento Animal Político muestra cómo el sector del cooperativismo minero tiene virtudes tales como la generación de empleo, por ejemplo, tanto como defectos tales como la precariedad de esos empleos que genera.
De acuerdo con una investigación publicada por el Centro de Documentación e Información (Cedib), hace cinco años las cooperativas no superaban las 600, mientras que según el Viceministro de Cooperativas Mineras, el año pasado ya eran 1.300; asimismo, si en 2005 había 50 mil trabajadores en el sector, el año pasado tenía 100 mil miembros. El máximo dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) habla de 120 mil cooperativistas afiliados.
El problema con estas cifras, que revelan el tamaño del poder que tiene el sector a la hora de movilizarse, como bien lo han demostrado en las manifestaciones de apoyo al actual Gobierno, es que no permiten distinguir quiénes son empleadores y quiénes empleados, pues si bien la teoría del cooperativismo plantea relaciones más o menos horizontales entre los miembros del colectivo, en la práctica es una minoría la que tiene las concesiones de los yacimientos y la mayoría trabaja como asalariados, en muchos casos sin gozar de sus derechos laborales.
Pero ése es apenas uno de los problemas con el cooperativismo. Según un exministro de Minería, las cooperativas mineras están obligadas a pagar solamente la regalía minera, entre 5% y 7% del valor bruto de su producción, no pagan Impuesto a las Utilidades y están buscando no pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El dirigente de la Fencomin afirma que el pago de regalías es significativo en el contexto económico.
Pero lo más preocupante es que el éxito de las cooperativas depende del precio internacional de los minerales y no de la inversión y planificación de sus actividades. Así, gozan tiempos de bonanza, como ha sucedido en los últimos años, pero colapsan cuando los precios caen, como se prevé que suceda en el futuro inmediato, dando paso a la ya señalada conflictividad, agravada por las ‘deudas’ políticas que los gobernantes puedan tener con el sector.
El cooperativismo minero es, pues, un aliado político importante para cualquier gobierno, pero también una amenaza. Tal vez sea tiempo de revisar su marco normativo, no para restarle poder, pero sí para garantizar que distribuya mejor la riqueza que genera, sobre todo entre sus miembros.
