Días atrás, la suscripción de un acuerdo entre 45 corregidores de comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el Gobierno significó la puesta en marcha del proceso de consulta previa a los pueblos que habitan la reserva natural. Hasta ayer, autoridades de gobierno contaban con la aquiescencia de 53 de 63 comunidades.
A su vez, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el organismo recibió el Protocolo de Consulta el viernes 29 de junio, y dado que el TSE debe conocer el documento 30 días antes del proceso, éste se iniciará el 29 de julio. Según el Ministro de Obras Públicas, la consulta debería terminar los primeros días de septiembre e inmediatamente conocerse los resultados. Sin embargo, al haber un grupo de comunidades que se rehúsa a ser consultada, es evidente que el proceso no estará exento de polémica y conflicto.
En efecto, el dirigente de la IX marcha y cacique mayor de la subcentral TIPNIS, donde están las comunidades renuentes a la consulta, afirmó que su sector no participará del proceso, y otro dirigente indígena denunció que hay comunidades organizadas para impedir el trabajo de las brigadas móviles de consulta establecidas en el Protocolo.
Aunque es de dominio público, el Protocolo para la Consulta ha sido poco difundido en los medios de comunicación. Establece dos objetos: definir si el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure “debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos” y, complementariamente, establecer “las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria” del parque.
De acuerdo con el documento, las bases de la consulta están en su carácter de pública, continua, participativa, libre y previa. Precisamente es este último punto el que cuestionan quienes se oponen al proceso, pues afirman que el proyecto carretero ha sido definido de antemano y su ejecución está en marcha.
Irónicamente, esta posición omite reconocer que, gracias a la presión desplegada durante la VIII marcha, no sólo se ha suspendido la ejecución de cualquier tarea de construcción del camino en el área protegida, sino que todo el proyecto ha sido suspendido, se ha rescindido el contrato con la empresa constructora y devuelto el crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, lo que en los hechos ha puesto el polémico proyecto en fojas cero.
Arranca, pues, un proceso de vital importancia para el Gobierno, no sólo por el valor estratégico de la carretera, sino porque del resultado también depende parte de la gobernabilidad.
