Entre los oficios más plagados de discriminación y violencia física y simbólica, probablemente la prostitución esté en primer lugar. Numerosos factores confluyen para que así sea, comenzando por la precariedad e ilegalidad en que las mujeres se ven obligadas a prestar servicios sexuales, y terminando en el estigma que deben cargar quienes se dedican al oficio.
Así lo evidencia un reportaje publicado días atrás en La Razón, que revela no sólo la existencia de al menos medio centenar de burdeles que operan en un radio de menos de cinco cuadras de la plaza Murillo, sino sobre todo que se trata de locales que funcionan en evidente precariedad y fuera de la ley.
En efecto, la mayor parte de los locales donde se ofertan servicios sexuales son pequeños ambientes, pensados originalmente para oficinas, que son adaptados usando mamparas o cortinajes. Las medidas de seguridad e higiene, previsiblemente, son inexistentes; es más, en algunos casos las mujeres se ven obligadas a acudir a esos lugares con sus hijos, a falta de lugares donde dejarlos. Los vecinos y vecinas son los primeros en estigmatizar a las trabajadoras sexuales, no sin razón, pues perciben que alrededor de los locales suele haber delincuentes y personas alcoholizadas; y casi sin excepción reclaman que esos locales sean clausurados.
Por su parte, las autoridades parecen hacer la vista gorda ante esta situación. En el Gobierno Municipal señalan que su misión consiste en asegurarse de que los locales tengan licencia de funcionamiento y autorización para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, agregan que cuestiones de salubridad le corresponden al Servicio Departamental de Salud, y los referidos a trata de personas y proxenetismo al Ministerio Público, pero en ninguno de los casos se evidencia trabajo de seguimiento y control.
Se trata, pues, de un asunto sumamente delicado porque implica aspectos que van desde lo estrictamente normativo hasta lo más íntimo de las personas, y entre ambos extremos operan mecanismos que posibilitan el abuso de las mujeres por parte de personas que se saben impunes, pues raramente se investiga, o por quienes, siendo responsables de garantizar la salud de las mujeres en situación de prostitución, y por consiguiente de quienes recurren a sus servicios, administran los controles médicos de manera a menudo mezquina, cuando no abiertamente discriminadora.
«Ninguna mujer nace para prostituta», dice la conocida consigna de un grupo feminista, y es cierto, así como que sólo excepcionalmente las mujeres se dedican a la prostitución por voluntad o vocación. Por ello, es deseable que haya más control, no para limitar su derecho al trabajo, sino fundamentalmente para asegurarse de que quienes deben entregar sus cuerpos a cambio de dinero para sobrevivir no sean objeto de más abusos y discriminación.
