Años atrás, cuando se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Penal, se creyó que con la creación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la investigación de crímenes, particularmente los referidos a asesinatos y homicidios, pasaría a un nuevo nivel, de excelencia. La previsión no se ha cumplido hasta hoy, y el depósito de cadáveres es la mejor muestra.
En efecto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público siempre han empleado la morgue del Hospital de Clínicas en Miraflores, y desde hace años que se discute la necesidad de dotar al IDIF, dependiente de la Fiscalía, de un espacio propio para que realice su trabajo técnico-científico. Sin embargo, la construcción de una morgue moderna, con todas las instalaciones necesarias para la conservación y estudio de cadáveres, no se ha materializado.
En enero, en el Hospital de Clínicas se hizo notar que el hacinamiento de cadáveres en la pequeña morgue del nosocomio se había convertido en un riesgo sanitario; entonces el Gobierno Municipal de La Paz, la Gobernación del departamento y la Fiscalía acordaron construir una morgue “provisional” en la zona de Inka Llojeta, poniendo cada una de las instituciones una parte del dinero necesario para la obra.
La decisión se hizo más urgente la semana pasada, cuando el Hospital de Clínicas anunció que cerraría, desde hoy, su morgue debido a que se ha convertido en un peligroso foco de infección al haber en el lugar cadáveres en avanzado estado de descomposición. Mas he aquí que dos obstáculos han aparecido recientemente: por un lado, los vecinos de la zona se han manifestado oponiéndose a la construcción, seguramente por los naturales temores que produce la cercanía con cadáveres, a lo que la Alcaldía respondió anunciando que buscaría otro terreno. Por el otro, y esto es lo verdaderamente grave, porque la Fiscalía de La Paz, pese a haberse comprometido, no desembolsó su parte, y eso que es la institución que hará uso de esas instalaciones.
Consultada por este medio sobre el asunto, la Fiscal de Distrito no tuvo mejor idea que recomendar el traslado de la pregunta a su superior, el Fiscal General, en Sucre, lo que abona nuevamente a la mala imagen que por diversas razones tiene el Ministerio Público, pero lo peor es que por este incumplimiento el trabajo de investigación del IDIF se verá dificultado.
Hay, pues, un problema cuya solución no es inmediata, pero tampoco difícil, y sin embargo los principales interesados llevan años postergándola, siempre aduciendo razones presupuestarias. La crisis que se desatará el día que el Hospital de Clínicas decida no admitir más cadáveres externos debe ser evitada, y aunque interesa al Municipio y la Gobernación, está claro que la principal responsabilidad recae en el Ministerio Público.
