Para nadie debe ser desconocido que el pueblo de Challapata, en Oruro, es posiblemente el más importante centro de distribución de automóviles internados de contrabando. Se creyó que con la ley de regularización del año pasado el negocio acabaría, sin embargo parece estar tan boyante como siempre, y la Aduana se muestra impedida de hacer algo al respecto.
En efecto, un reportaje publicado por La Razón el domingo da cuenta del poder de los grupos que se dedican al contrabando y comercio de automóviles indocumentados, al extremo que uno de los vendedores dijo al cronista de este diario que Challapata es una “república independiente” donde es posible comprar, además del coche, papeles de propiedad, placas de circulación, tercera placa y hasta roseta del SOAT, aunque falsificados.
La presidenta de la Aduana reconoció que es poco lo que la institución puede hacer, dado el poder de los contrabandistas frente a la reducida capacidad del Comando Operativo Aduanero (COA), que sólo cuenta con 260 efectivos para cuidar 7.000 kilómetros de frontera y dos vehículos diarios para sus operaciones. A ello debe sumarse la aguerrida defensa que los pobladores hacen de su ilícito negocio, que hace de Challapata, en palabras de la máxima autoridad aduanera, un lugar “impenetrable”.
Según los datos recogidos en el reportaje, en la población altiplánica en las últimas semanas se incrementó la actividad de los contrabandistas, al extremo que se calcula que cada día ingresan unos 70 vehículos. Este movimiento se explica en un extendido rumor de que habrá otra amnistía para autos indocumentados; asimismo uno de los comerciantes resumió la base del negocio en una frase: “Si no hubiera comprador, tampoco ya traeríamos”.
Pero el negocio de venta de automóviles implica otros ilícitos vinculados. El primero de ellos es el ya señalado de falsificación de valores y placas de circulación, pero también existen talleres que desmantelan vehículos para convertir sus partes en repuestos; no es difícil imaginar que estos coches pueden ser robados. Finalmente, hay un activo comercio de gasolina y diésel en bidones, también prohibido.
Lógicamente, la situación de Challapata no puede continuar así, pues la existencia de un activo comercio ilícito suele reproducir las prácticas ilegales causando un efecto de bola de nieve que poco bien le hace a la seguridad de las personas y al Estado de derecho. Sin embargo, la tarea de ponerle freno se presenta conflictiva, habida cuenta que la población vive de ese comercio y es poco probable que haya alguien dispuesto a renunciar a su bonanza.
Está claro, pues, que actualmente Challapata es, como dicen los vecinos de esa población, “república independiente”, pero también que esa situación es insostenible para el Estado, pues implica permitir la existencia y reproducción del crimen.
