La promulgación, el miércoles, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, debiera ser asumida como el paso que la sociedad ha estado esperando desde hace años, pues finalmente condensa y amplía la normativa orientada a proteger a las personas y aclara las funciones que corresponden a cada quien. El reto es grande, y no sólo involucra al Gobierno y la Policía.
En efecto, a menudo se cree que la seguridad ciudadana es un asunto fundamentalmente de fuerzas coercitivas, capaces de luchar efectivamente contra el crimen y la delincuencia, principales factores de violencia pública y, por tanto, de inseguridad para las personas. Pero hay mucho más que eso.
Al respecto, el Ministro de Gobierno señaló que la norma fue diseñada bajo el principio de la protección de la integridad física de las personas, y que busca una “reingeniería” de la Policía, de tal manera que interactúe con la sociedad a través del fortalecimiento de la Policía Comunitaria. Asimismo, la norma dispone que serán tareas policiales el patrullaje aéreo, cámaras de monitoreo electrónico y el sistema de rastreo GPS (Sistema de Posicionamiento Global) en los vehículos de transporte público y flotas.
En materia de recursos disponibles para la seguridad ciudadana, se ha hecho gran énfasis en señalar que a los Bs 2.200 millones disponibles actualmente en el presupuesto estatal, se sumarán otros Bs 600 millones, que serán aportados de manera directa por gobernaciones y gobiernos municipales, lo que no debería ser interpretado como un recorte a los presupuestos de estos niveles gubernativos, sino como una forma directa de involucrarlos en la enorme tarea de luchar contra la inseguridad de las personas.
Otras previsiones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana señalan que, a través del Ministerio de Gobierno, dotará de armamento, munición y equipo de protección individual a los recursos humanos de la Policía; que el Ministerio de Comunicación regulará los horarios de emisión de programas, cuyo contenido tenga violencia explícita; y que se restringirá las llamadas telefónicas dentro de las cárceles, habilitando únicamente cabinas telefónicas para los internos. Elementos, todos ellos, que pese a ser de sentido común, hasta ahora no habían sido normados.
Hay, pues, motivos para la esperanza, en la medida en que se pretende implementar no un conjunto de medidas, sino un “sistema”, que si es entendido en su justa magnitud debiera integrar las tradicionales acciones de vigilancia y castigo con las de educación y prevención, ciertamente más importantes. Corresponderá a las autoridades de todos los niveles gubernativos honrar esa esperanza, pero también a la población ser vigilante del cumplimiento de los compromisos de sus gobernantes y, sobre todo, convertirse en parte activa en el proceso.
