Desde la versión de sus protagonistas, la historia sobre el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) será narrada como una lucha donde habrá buenos y malos. Seguramente estos protagonistas irán cambiando de acuerdo con el lente con el que se mire y cuente el desarrollo de los hechos.
No obstante hay un aspecto que, desde mi perspectiva, quedará en común en todas estas historias. Me refiero al silencio manifestado por los grandes ausentes, los grandes callados o acallados de esta historia, aquellos que las leyes y la historia les brindó la oportunidad de hacer un cambio y no lo hicieron, porque no los dejaron, o simplemente no quisieron o no pudieron.
Hablo concretamente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, llamado por los normas a la “preservación del medio ambiente”; es también el caso del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, que entre sus principales tareas tiene la “protección del medio ambiente en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional”; y para cerrar el ramillete de ausentes está el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), concebido para “contribuir e impulsar la conservación del patrimonio natural y cultural del país a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
Estas organizaciones forman parte del aparato estatal, que por sus funciones establecidas por la ley, deberían ser las abanderadas y las llamadas a liderar los procesos ambientales que suceden en el país. Sin embargo, los hechos ocurridos en gestiones pasadas así como en la actualidad, muestran que quienes toman las decisiones estratégicas al respecto son la Cancillería, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, y hasta el Tribunal Supremo Electoral.
Lo cierto que esta configuración en la toma de decisiones ambientales hace que el proceso de cambio “climático” en Bolivia sea una realidad, condenándonos a todos los ciudadanos y ciudadanas del país a vivir en 2025 con menos agua, menos calidad de aire, y con mayores riesgos de no tener una seguridad alimentaria que garantice nuestro “vivir bien”, y el de las futuras generaciones.
Frente a esta compleja situación, un acto responsable es declararse opositor frente a las decisiones que generan ese irreversible y peligroso proceso de cambio a nuestra subsistencia.
