El domingo último se celebró el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, y fue ocasión para la reunión de organizaciones de esta población en La Paz, así como el marco para reiterar que pese a la normativa aprobada en su favor, continúan existiendo diversas formas de discriminación contra ellas y ellos en la sociedad y en sus instituciones.
En efecto, una investigación realizada en 2011 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y Help Age International muestra que las y los adultos mayores continúan siendo víctimas de discriminación y maltrato a la hora de ejercer sus derechos.
Los datos señalan que el 59% de la población mayor de 60 años en Bolivia vive con menos de un dólar al día, que sólo 22% cuenta con una renta o pensión por jubilación y, lo que es más preocupante, en 2010, las plataformas de atención para personas adultas mayores de las nueve ciudades capitales más otros ocho municipios recibieron aproximadamente 10 mil denuncias de vulneración de derechos de esta población.
Asimismo, se ha llamado la atención sobre el paulatino envejecimiento de la población boliviana, pues si en 2000 Bolivia tenía 537 mil personas adultas mayores, en 2010 esta cifra ascendió a 740.269, y se calcula que el número de personas mayores de 60 años en 2050 ascenderá a 2.786.000 millones, equivalente al 17,5% del total de la población.
En lo que respecta al avance normativo en favor de esta población, se cuenta con la Ley 3791, de la Renta Dignidad, que ofrece una pensión vitalicia y universal a todas las personas mayores; la Ley 3323 del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM); y la Ley 1886 de Derechos y Privilegios, entre otras normas. El problema es que únicamente la primera de las nombradas se cumple a cabalidad, mientras que las otras afrontan problemas de falta de presupuesto, cuando no de voluntad de quienes están llamados a ejecutarlas.
Al respecto, el estudio antes citado revela que el 57% de las entidades bancarias no conoce la Ley de Derechos y Privilegios, y el 46% no cuenta con ventanillas únicas de atención para personas mayores, así como que más del 62% de las empresas de transporte desconoce esta ley, y por lo tanto, no aplican los descuentos correspondientes.
Considerando que, según los datos presentados, el 44% de la población adulta mayor sigue siendo económicamente activa, se tiene un escenario en el que no sólo deben discutirse los derechos que le asisten a quienes ya aportaron lo suficiente, sino las necesidades de quienes siguen haciéndolo sin importar su edad. No se trata de hacerlo porque sus condiciones de vida pueden provocar compasión, sino porque es obligación de todas y todos facilitar su acceso al goce de sus derechos. En este caso, el Estado tiene una gran tarea pendiente al respecto.
