Hace una semana, al iniciar los festejos por el mes aniversario de Santa Cruz de la Sierra, el Alcalde de esa ciudad salió nuevamente por sus fueros atacando a los periodistas; sólo que esta vez parece haber rebasado sus propios límites. Llamativamente, sin embargo, el caso no ha provocado el mismo revuelo que provocan similares actitudes en el Gobierno central.
En efecto, el 1 de septiembre, en un acto público, Percy Fernández, cinco veces electo alcalde de Santa Cruz, refiriéndose al diario El Deber, el más importante matutino cruceño, señaló: “Los tumbaremos algún día. Palabra de alcalde por Santa Cruz. No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra o se irán nomás a su casa, pero algo les va a pasar”, explícita amenaza basada en una supuesta connivencia entre los propietarios y periodistas de ese medio de comunicación y los concejales adversos a su gestión, a quienes acusó, en el mismo discurso, de intentar “tumbarlo”.
Asimismo, se sabe que periodistas y medios de comunicación de la capital cruceña vienen publicando noticias que revelan las falencias de la gestión municipal, tanto en lo político como en las obras ejecutadas, y reflejando opiniones adversas de las y los ciudadanos. Han sido justamente estas publicaciones las que en anteriores ocasiones ya provocaron la ira del burgomaestre, quien suele descargarla atacando verbal y hasta físicamente a las y los periodistas.
Así, se tiene registro de al menos dos casos en los que el Alcalde cruceño forcejeó e insultó a periodistas de El Deber; o de la ocasión en que atacó verbalmente a una periodista de televisión durante una conferencia de prensa; y se recuerda que el año pasado insultó a un periodista de canal 11 llamándole “burro” y pidiéndole que rebuzne.
En todos esos casos, las y los afectados iniciaron sendos procesos legales, los mismos que hasta ahora no han prosperado. Respecto de la última agresión, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó su rechazo “vehemente” a la amenaza vertida; y la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó esas palabras como una “injuria” y pidió que sean juzgadas como tales, recomendando a los políticos “cuidarse de no ceder al odio ni al resentimiento, que constituyen un peligro para la libertad de información y el pluralismo”.
Estamos, pues, ante un nuevo caso de agresión directa a los periodistas que, sin embargo, no ha merecido el mismo despliegue informativo ni las mismas muestras de solidaridad que reciben quienes son objeto de los reclamos de las autoridades del Órgano Ejecutivo, aunque la violencia sea ostensiblemente mayor. Y no se trata aquí de justificar a uno u otros, sino recordar que, merecidas o no, estas manifestaciones ponen en cuestión, si no la vigencia de la libertad de expresión, al menos sí lo que las autoridades piensan de ella. Y eso no es bueno.
