En la ciudad, varias empresas ofrecen servicios de protección a personas, inmuebles e instituciones (39 están legalmente establecidas, mientras que el resto, al menos 11, opera sin licencia). Si bien el servicio que estas compañías privadas presentan ha logrado, en cierta medida, disminuir la inseguridad en algunos barrios de la ciudad y horarios donde la presencia de la Policía es inexistente, conllevan algunos riesgos para la población y el personal con el que trabajan.
En efecto, como antes se mencionó, algunas de estas empresas trabajan sin respaldo ni control gubernamental, situación que es aprovechada por algunos guardias para cometer delitos, o bien para aliarse con otros delincuentes que son los que cometen los robos, pues, son justamente ellos quienes mejor conocen los horarios de las familias y las medidas de seguridad de los hogares.
Por otra parte, algunas empresas les pagan a sus trabajadores sueldos que están muy por debajo del salario mínimo, ni tampoco cumplen con las prestaciones sociales; e incluso hay otras que o bien tardan meses en cancelar los sueldos o sencillamente no los pagan, extorsionando a sus trabajados con diversas argucias. Por éstas y otras razones, se esperaría un mayor control por parte del Estado a este tipo de compañías.
