Las últimas semanas de agosto, el denominado Movimiento sin Techo, que en los últimos años ha protagonizado diversas tomas de predios urbanos deshabitados, ha reaparecido en El Alto, y en tres incursiones sucesivas se apropió de nueve hectáreas, y otro grupo se apropió de terrenos colindantes a la comunidad. La situación, de suyo complicada, anuncia un conflicto mayor.
En efecto, cada vez que se produce el avasallamiento de un terreno en las zonas urbanas y periurbanas confluyen tres elementos: un grupo más o menos numeroso de personas que exigen su derecho a la vivienda; uno o varios predios más o menos extensos deshabitados y, en apariencia, ociosos; y una dirigencia de reconocidas habilidades para conjugar las demandas y necesidades de sus representados con sus ambiciones particulares.
En el caso de las personas sin vivienda propia, la demanda a simple vista es legítima, pues se trata de un derecho constitucional. El problema está en el modo en que estas personas pretenden acceder a los terrenos sobre los que desean edificar su hogar. Al apropiarse por la fuerza de un predio cometen un delito, y en esa medida no sólo se exponen a ser desalojados, sino también a ser sancionados.
En tiempos de vertiginoso crecimiento de las ciudades del país, terrenos más o menos extensos y en apariencia ociosos son altamente apetecidos por quienes comercian con tierras urbanas, poniendo bajo alta presión, sino en riesgo, la propiedad de sus legítimos poseedores, que al mismo tiempo pueden parecer acaparadores en la medida en que no dan uso visible a esas grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos.
Pero el problema mayor en la ecuación está en la dirigencia, que ni puede ser descalificada a priori ni es completamente legítima. Por lo general se trata de personas con grandes dotes de liderazgo, que negocian la necesidad de sus representados apelando al eterno conflicto entre propietarios y desposeídos, pero en el camino satisfacen apetitos personales, haciendo de esta labor un modo de vida.
El Estado, por su parte, tiene múltiples responsabilidades en este problema. Entre ellas, por un lado, tiene el deber constitucional de garantizar el derecho a la vivienda; por otro, también tiene que proteger la propiedad privada y sancionar las amenazas a ésta. La política nacional de vivienda social es la respuesta institucional al primer aspecto, y en todo caso tomará mucho esfuerzo y recursos satisfacer la creciente demanda; el segundo exige instituciones de gobierno no sólo sólidas, sino también claramente comprometidas, el Ministerio Público es una de ellas.
No es, pues, un problema menor el de las tomas ilegales de terrenos, ya que está planteando la vigencia de uno de los conflictos esenciales de toda sociedad, pero sobre todo porque del modo en que se resuelva quedarán sentadas las bases para resolver similares casos en el futuro.
