La participación de las mujeres en la política no es nueva en la historia boliviana, aunque debe reconocerse que históricamente ha sido más la excepción que la regla. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado en las dos últimas décadas, y pese a que los resultados de ese cambio son todavía discutibles, es evidente que las mujeres acceden al poder y lo ejercen.
En efecto, un reciente reportaje de nuestro suplemento Animal Político ha explorado el ascenso de las mujeres a los cargos de poder y decisión, y la conclusión general que se puede obtener de esa investigación es que hay una exitosa combinación de normativa que posibilita el acceso de las mujeres a la política activa, junto con una resuelta acción desde las organizaciones femeninas.
El primer antecedente normativo se encuentra en la Ley de Cuotas, de 1997, que obligaba a los partidos políticos a incluir en sus listas de candidaturas a diputados y senadores plurinominales en el Congreso Nacional al menos 30% de mujeres. Más recientemente, se inscriben como avances legislativos el establecimiento de la paridad y alternancia incluidas en la Ley del Régimen Electoral, la Ley contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género, y la futura Ley de Despatriarcalización del Estado, aún en redacción.
Paralelamente, y sobre la evidencia de que la existencia de normativa específica es insuficiente, como lo demuestra el hecho de que aún no existe una paridad completa en ninguno de los niveles de gobierno ni en los órganos del Estado, debe reconocerse que es la acción directa de las organizaciones de mujeres la que ha posibilitado su acceso a los puestos de decisión. El ejemplo más notable es la emergencia de liderazgos campesinos gracias a la creación de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, tal vez el más importante esfuerzo despatriarcalizador en el seno de los movimientos sociales, que todavía son dominados por estructuras masculinas poco proclives a favorecer la emergencia femenina.
Es, pues, precisamente la pervivencia de la mentalidad patriarcal el principal obstáculo que no sólo las mujeres, sino toda la sociedad, debe afrontar para asegurar el cambio cualitativo que implicará asegurar la participación equitativa de ellos y ellas en la gestión efectiva de la cosa pública. Para ello, es evidente que debe operar un proceso de educación que cambie, en hombres y mujeres, los prejuicios machistas y el sentido común que naturaliza el predominio masculino, incluso en desmedro de los propios varones, obligados así a responder a ciertos estereotipos dañinos.
Hay, pues, como se ha dicho en numerosas ocasiones en esta misma página, mucho que celebrar en materia de equidad de género en la gestión pública, pero también mucho por avanzar. La tarea, en este caso, no es solo del Estado, sino de toda la sociedad.
