La Conferencia Episcopal de Bolivia ha propuesto al Gobierno que disponga de un indulto para los detenidos políticos. Al hablar de indulto, conozcamos su significado. Según la aceptación universalmente aceptada, indulto es la remisión o perdón, total o parcial, de las penas jurídicamente impuestas. Es una facultad que las legislaciones conceden por lo general al Poder Ejecutivo o al Legislativo. Pero donde el Poder Ejecutivo absorbió al Legislativo y al Judicial, vano es sugerir que la demanda del episcopado sea trasladada al Poder Ejecutivo. Parecería inútil.
Para mayor ilustración, suele entenderse que el indulto se compara con la libertad condicional. Es decir que se concede el beneficio al que garantiza que no aprovechará su libertad para delinquir. No obstante, la realidad es que la Conferencia Episcopal no está hablando de delincuentes comunes, convictos y confesos, sino de ciudadanos que han sido penados por diferencias políticas con el actual Gobierno. En pura doctrina, éstos no necesitarían ser indultados porque, en su caso, no existe figura de delito común: Ser opositor y además expresarlo públicamente no es delincuencia, es —pura y simplemente— ejercitar un derecho.
Aquí debo hacer una precisión: aunque utilice el término “derecho”, en esta ocasión la Iglesia está practicando una virtud. Una virtud que adquiere la forma de derecho en cuanto se inserta en las reglas de conducta que ordenan a una sociedad rectamente constituida. Una medida de este calado merece algunos comentarios. Allá van.
Comentario Nº 1: ¿Hay detenidos políticos en Bolivia? Entonces queda en duda la presunción de un Estado democrático que se atribuye (por cierto sin demasiado entusiasmo) el gobierno del MAS.
Comentario Nº 2: Al mismo tiempo que la Iglesia pide justicia para todos es que el aparato judicial hace distinciones odiosas entre fieles e infieles al sistema. “En la práctica, no sólo algunas personas sienten que van perdiendo libertades, sino que éstas se recortan en muchos casos mediante la retardación de justicia, la intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial, creando un clima de inseguridad personal que provoca el silencio y a veces hasta el abandono de la patria, al no encontrar suficientes garantías de un juicio justo e imparcial dentro de ella (…) y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido.” señala la declaración Caridad y verdad, del Episcopado boliviano. ¿Qué papel desempeña entonces el Ministerio de Transparencia? ¿Transparenta por igual las conductas rectas y las torcidas?
Los obispos concluyen en este párrafo: “es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad, sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos…”
Este escenario, “lejos de mejorar, ha ido empeorando, poniendo en grave riesgo la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad (…) Continuar con esa instrumentalización de la justicia resquebraja seriamente las bases democráticas de nuestra convivencia que tanto esfuerzo han costado a muchas personas e instituciones y además proyecta una imagen negativa ante el mundo acerca de la vigencia de los derechos y libertades fundamentales en nuestro país”.
Comentario Nº 3. La Iglesia dijo lo que la inmensa mayoría de bolivianos deseaba escuchar. El columnista ya no tiene más que comentar.
