Podrá la nueva Constitución Política del Estado contribuir a transformar la cultura jurídica de la población y orientar conductas de mayor aprecio por sus principios y el orden legal establecido? ¿O bien será preciso esperar que primero cambien algunas prácticas y recién se forje una legislación que corresponda genuinamente a las demandas sociales? ¿Serán las instituciones eficientes, estables y justas las que nos permitan lograr una convivencia más armónica y pacífica? ¿O también será necesario que primero cambien las posturas frente a la ley para volver a diseñarlas de manera que éstas funcionen mejor y sean respetadas?
La respuesta no es simple, peor aún cuando todavía se utilizan cuestionables prácticas por quienes disienten con alguna disposición legalmente aprobada, incluida la Constitución, y piden ser satisfechos en sus peticiones. O bien cuando se protesta por el ejercicio de derechos restringidos por el poder público.
En ambos casos se abre la confrontación con medidas de hecho, con violencia y descaro. Poco importa si en el propósito se lastiman los derechos de los demás, se desconocen a las autoridades establecidas o se causan daños al patrimonio y la economía de particulares o del Estado. En algunos casos, han sido las propias autoridades de los órganos de poder público las que se suman a esta curiosa anomia, a través de actuaciones legislativas, administrativas o judiciales que favorecen la inseguridad jurídica, la persecución judicial o la impunidad selectiva, en una poca afortunada interacción de intereses políticos y jurídicos.
La solución a estas tensiones no son, generalmente, las que puedan encontrarse en las vías de impugnación pacífica, administrativa o judicial. El descrédito institucional, el desconocimiento de procedimientos, el anacronismo de la legislación, su lentitud e ineficacia y la ausencia de autoridades independientes desalienta su utilización. En muchos conflictos (como el que protagonizan los mineros estos días), las vías de hecho escalan y sólo son los “diálogos” bajo múltiples presiones de ciudadanos afectados o víctimas inocentes, que conmueven a las partes o a intermediarios de buena voluntad para superar las diferencias. La ley y la Justicia no son precisamente los instrumentos más útiles, muchas veces son la causa de los conflictos.
Recuperar confianza en la ley y la administración de justicia no es un prospecto alentador. Al contrario, crece la informalidad en los ámbitos ciudadanos y la legitimidad de los órganos de poder público del Estado se deteriora, pese a la inflación legislativa y el populismo penal con el que se pretende resolver todas las controversias.
Bolivia tiene una larga tradición normativa, de hecho se ha inaugurado un nuevo orden constitucional y su régimen legal secundario debe completar una transformación estructural del Estado, concurre entonces una “cultura jurídica” enraizada, positivista y formal. Lo que entra en controversia es la “calidad” de esa cultura, como los hábitos arraigados en torno a la legalidad afectan el ejercicio de los derechos y a la propia administración del Estado y la Justicia.
Todavía tenemos una cultura contradictoria, porque admite a la existencia de la ley pero su aplicación puede fácilmente diluirse, desafiarse, ser irregular o selectiva.
La deliberación, el debate público y la reforma estructural de la enseñanza del derecho pueden orientar la transformación de esa cultura imperante; también contribuirá la vigencia efectiva del principio constitucional del “pluralismo jurídico” que permita el reconocimiento y desarrollo de nuevas fuentes del derecho y sus procedimientos, más cercanos y funcionales a los ciudadanos, mayores espacios de reflexión legislativa, probada imparcialidad y tolerancia democrática serán un buen comienzo.
