Se puede hacer una consulta en otro lugar, externo, distinto al de la misma consulta? ¿Es legítimo trasladar pobladores que no consigan ser consultados en sus propios territorios? Un nuevo elemento de análisis y de discusión se ha incorporado al ya difícil proceso de consulta que el Gobierno está impulsando (con el acompañamiento técnico del Órgano Electoral Plurinacional) en las comunidades del TIPNIS.
El asunto no es menor, sobre todo considerando los intereses en pugna y los desencuentros generados en torno a la proyectada carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Y la consulta, entendida como espacio de consentimiento, hoy está en el centro de la polémica. Hay quienes cuestionan que sea previa y la llaman consulta posterior. Algunos dudan de su buena fe. Y otros aseguran que no es informada ni, menos, concertada.
¿Qué hacer? Si bien debe lamentarse que el deseable consenso no haya sido posible, estamos ante un fecundo campo de aprendizaje. Y es que tanto los aciertos como los errores de esta experiencia plantean insumos valiosos no sólo para la impostergable Ley Marco de Consulta Previa, sino en especial para futuras consultas cuyo alcance y legitimidad, que no pueden ser aritméticos ni sólo mayoritarios, tendrían que resultar incontrovertibles.
