El anuncio de revocatoria de la personería jurídica de 311 cooperativas de ahorro y crédito, realizado por la máxima autoridad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), es una acción que sincera al sector, brindándole una oportunidad para su fortalecimiento. Pero, por otra parte, puede significar algún riesgo de credibilidad del ente regulador.
En efecto, con esta medida el sector cooperativo de intermediación financiera saldrá de la dualidad normativa en la que se encontraba, entre la Ley de Cooperativas y la Ley de Bancos y Entidades Financieras, pues ahora es clara su pertenencia al ámbito de esta última categoría. Asimismo, serán fiscalizadas únicamente aquellas cooperativas que cuenten con licencia de funcionamiento y aseguren transparencia financiera, gestión diligente y fortaleza patrimonial.
Sin embargo, para que esta disposición sea efectiva son necesarias tres condiciones fundamentales, asociadas a la estructura interna de cada cooperativa, haciendo que el sector recupere plenamente la confianza de sus socios y usuarios.
La primera condición se relaciona con el reforzamiento de los órganos de administración y vigilancia de cada cooperativa, estableciendo en los estatutos internos un régimen claro de alternabilidad de los miembros de cada comité, un código de conducta que establezca sanciones internas por un comportamiento doloso, y la conformación de mecanismos de auditoría y control interno.
Segundo, diseñar un programa de educación financiera dirigido a los socios y usuarios, cuyo contenido ponga especial atención en los derechos y responsabilidades de cada participante en la sociedad cooperativa, exponiendo claramente los riesgos que enfrentan al depositar sus ahorros o solicitar préstamos, así como la responsabilidad administrativa, civil y penal que enfrentan los directores y socios en caso de insolvencia o quiebra.
Finalmente, y con carácter obligatorio, resulta necesario establecer un proceso de adecuación de capital orientado a cimentar la solvencia patrimonial, impidiendo que cualquier excedente sea redistribuido entre los socios hasta que el capital societario pueda soportar escenarios de tensión extrema, como un evento inesperado de salida masiva de depósitos que pueda generar insolvencia a la cooperativa.
Todos estos elementos necesarios pueden constituirse en un complemento eficiente para la Asfi en su labor regulatoria, mitigando el riesgo que corre su reputación, e incrementado cualitativamente su credibilidad al momento de fiscalizar cada cooperativa, dando de esta forma cumplimiento al mandato constitucional de promover a las entidades financieras contempladas en la economía cooperativa.
