Ha causado revuelo en las redes sociales la revelación hecha por el Vicepresidente del Estado, en sentido de que hace seguimiento a los insultos que recibe el presidente Morales en Facebook. Más todavía: el segundo hombre del Gobierno advirtió que registra “con nombre y apellido”, en la memoria de su celular, a los autores de tales mensajes.
Esta declaración plantea algunas inquietudes. La actividad del Vicepresidente en la red social ¿es un pasatiempo personal o constituye una política de Estado? Como fuere, ¿no se está ejerciendo, desde el poder político, una actitud intimidatoria? Y lo más importante: ¿con qué propósito se hace tal exploración en los muros de Facebook? ¿Habrá acaso ajuste de cuentas contra racistas y discriminadores?
El asunto ha reabierto la pregunta acerca de si es posible (y acaso deseable) regular los contenidos en las redes sociales. ¿O bastará la autorregulación? Porque más allá de las saludables y a veces muy creativas críticas y burlas contra los gobernantes, es evidente que Facebook alberga mucho insulto, demasiada agresión, discriminaciones varias, suplantación de identidades, en fin, exceso de basura. Y la libertad de expresión no es absoluta. Debe confrontarse con otros derechos, como el derecho a la imagen. El debate está abierto.
