Con la reciente promulgación de la Ley sobre la Madre Tierra, Bolivia se confirma como un país capaz de promover y proponer a nivel internacional visiones, estrategias y modelos operativos y legislativos con una fuerte y connotada innovación, sobre todo en lo que a la tutela y protección del medio ambiente se refiere.
La aprobación de la nueva ley es fruto de un recorrido iniciado por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia varios años atrás. Desde la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Tiquipaya (Cochabamba) en abril de 2010, hasta el Año Internacional de la Quinua en 2013, pasando por varias resoluciones sobre la Madre Tierra y la naturaleza propuestas y adoptadas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el protagonismo del Estado Plurinacional de Bolivia ha sido muy importante en el debate internacional sobre el desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza, a veces con posiciones alternativas a las de la comunidad internacional, pero, creo, siempre con el fin sincero de asegurar objetivos más ambiciosos para la cooperación internacional en este campo.
La nueva ley sobre la Madre Tierra tiene múltiples aspectos innovadores que deben ser subrayados. En particular llama mi atención el Art. 24, que se refiere a la agricultura y sobre todo al desarrollo de acciones de protección del patrimonio genético de la agro-biodiversidad. No quiero entrar en el debate (cosa que no me corresponde) que se ha desarrollado después de la aprobación de la norma, pero en el tema de preservación de la biodiversidad, la Cooperación y el Gobierno italianos tienen con el Gobierno de Bolivia una relación de colaboración técnica e intercambio iniciada en los años 70.
Para proteger el patrimonio genético agrícola boliviano, la Cooperación italiana ha apoyado en el pasado a tres centros de conservación del germoplasma, que hoy en día son centros referenciales en Bolivia. Me refiero al Banco del Germoplasma de Pairumani, el Banco Nacional del Germoplasma de granos alto-andinos en Cochabamba y el Banco Nacional del Germoplasma de tubérculos y raíces, administrado por la Fundación Proinpa.
Este año se ha financiado un nuevo proyecto, denominado “Colaboración al proceso de mejoramiento de los esquemas de conservación y de las estrategias de valorización económica y social de los recursos fitogenéticos de la agro-biodiversidad”. El proyecto pone particular énfasis en las medidas de apoyo a la seguridad alimentaria del país, y en su capacidad de adaptación al cambio climático. Específicamente el programa apunta a reforzar el modelo de conservación del patrimonio genético de Bolivia; reforzar las competencias institucionales, humanas y técnicas del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; y dotar al INIAF de instrumentos para el monitoreo, control y evaluación de las actividades vinculadas a la conservación y uso de los recursos genéticos. También estamos pensando apoyar en el desarrollo productivo sustentable de la quinua, ese cultivo tan importante para la alimentación humana, al extremo de que 2013 ha sido declarado Año Internacional de la Quinua por la Organización de las Naciones Unidas.
La Exposición Internacional que se desarrollará en Milán en 2015, dedicada a la seguridad alimentaria global, y cuyo contrato de participación ha sido recientemente firmado por Bolivia, será una ocasión importante para la valorización de ese cereal y del aporte de Bolivia sobre la materia en el debate internacional.
Todo lo que hicimos y estamos haciendo, colaborando y apoyando a las políticas del Gobierno de Bolivia (hay también otros programas financiados por Italia como Amazonía sin Fuego, para la reducción del chaqueo en las áreas forestales bolivianas), encuentra plena justificación en el hecho de que estamos trabajando por el bien de todos.
Bolivia es uno de los países con mayor variedad ecológica y biológica del mundo, y tiene uno de los más grandes patrimonios forestales y agrícolas a nivel internacional, además de una considerable variedad de especies animales. Por tanto, trabajar apoyando las políticas de conservación de la biodiversidad impulsadas por el Gobierno boliviano significa también trabajar a favor del planeta entero, objetivo que tiene que ser considerado como un bien común y no como un deber exclusivo de los países interesados.
