Quienes defienden el uso de las armas de fuego argumentan que éstas sirven para salvaguardar la ley y el orden constituido, defenderse y para practicar ciertos deportes. No obstante, en la gran mayoría de los casos, quienes más las emplean son en realidad delincuentes, que se valen de ellas para cometer delitos o bien amedrentar a los ciudadanos y autoridades, pues esa es justamente la naturaleza de su labor.
También están quienes, bajo la excusa de practicar la caza deportiva, se agencian armas de fuego para satisfacer su gusto por verter sangre inocente. Al respecto, cabe recordar por ejemplo que en 2010, en este diario se publicó un reportaje que daba cuenta de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, que en la ciudad de Santa Cruz se armaban hasta los dientes con el propósito de organizar safaris, pero en las selvas bolivianas, donde iban (y seguramente aún van) a cazar cualquier animal que se les cruce en el camino, con el fin último de poder ostentar, vía internet, sus “trofeos”.
Por éstas y otras razones, es de celebrar la decisión de conceder al Ministerio de Defensa el control total sobre la importación de armas, y de restringir su adquisición y uso a la sociedad civil, salvo contadas excepciones, que deberán ser autorizadas por ese mismo ministerio.
