Fue largo el camino hasta la consolidación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en septiembre de 2007. Sin embargo, pese a los avances de esta norma, que defiende el respeto a la libre determinación de los indígenas a vivir según sus costumbres y en sus territorios de origen, no podemos olvidar el peligro que se cierne sobre estos pueblos, con la permanente invasión de colonos en los lugares que les permiten sobrevivir.
Por ejemplo, en el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), los colonizadores-cocaleros del Polígono 7 pueden tranquilamente cercar y dominar a los indígenas de dicha área, imponerles su cultura, su idioma, sus costumbres, una actividad laboral, asimilarlos hacia los sindicatos de cocaleros con reglas de carácter dictatorial, y finalmente atribuirse la representatividad de ese parque natural y ejercer mayores derechos que los pueblos originarios, legítimos propietarios de ese territorio.
Ensayando acrobacias verbales para justificar la inclusión de los habitantes del Conisur en la consulta para construir o no una carretera a través del TIPNIS, el Vicepresidente señaló que la condición de indígenas no es exclusiva de los habitantes de ese parque natural, sino que también abarca a los habitantes del Polígono 7 y a otros indígenas residentes en ciudades; pretendiendo así forzar un argumento que coloque a los interculturales e indígenas en el mismo nivel de decisión respecto al destino de ese territorio indígena-parque natural. Si bien los indígenas que han emigrado a las ciudades (por sus características genéticas y prácticas culturales) continúan siendo parte de esos pueblos originarios, es bueno precisar que no todos eligieron voluntariamente cambiar de actividad productiva ni abandonar sus costumbres ancestrales. Tal es el caso de las comunidades autóctonas que hoy son parte del denominado Polígono 7, organizadas como sindicatos agrarios, cuya economía se basa en la producción de coca, y cuyos usos y costumbres se rigen bajo normas y reglamentos sindicales, que merman su libertad. Por ejemplo, la obligatoriedad de participar en las actividades convocadas por la dirigencia, bajo amenaza de sanciones a quienes no asistan.
Al respecto, es preciso resaltar que desde los 90 se ha exacerbado el ingreso ilegal de colonos al TIPNIS. Resultado de ello, ocho comunidades indígenas se han visto privadas de su libertad, al ser paulatinamente rodeadas por colonos campesinos, que han establecido mecanismos de prohibición y control de salida hacia el sur del territorio, con destino a Cochabamba. En este sentido, en el afán de cumplir los compromisos políticos asumidos con el sector de cocaleros a quien representa, el Presidente del Estado puede condenar de manera irreversible a la extinción de los pueblos indígenas de tierras bajas que habitan el TIPNIS; máxime si se desarrollan planes extractivistas que pueden destruir la biodiversidad de dicha zona. Ante la evidencia de los hechos, sólo resta continuar la lucha de los pueblos indígenas por preservar sus territorios y su cultura, simbolizada en la defensa del TIPNIS.
