Ayer, el Viceministerio de Defensa del Consumidor lanzó la “Campaña por la Seguridad de los Pasajeros en las Flotas”, que a partir de la fecha promoverá el respeto que deben exigir las personas que viajan por tierra. Se trata de una iniciativa más que necesaria, pues hasta ahora los derechos de las y los usuarios del servicio han sido ignorados por los operadores.
En efecto, pese a que la Ley General de Transportes establece derechos y obligaciones para pasajeros y prestadores del servicio de transporte, lo normal hasta ahora ha sido que los usuarios estén sometidos a las condiciones, no siempre justas, que impone la empresa o, más a menudo, los conductores de las flotas.
En el acto de lanzamiento, se anunció que la campaña comenzará con acciones de concientización y que en una segunda etapa incluirá medidas coercitivas contra quienes violen las normas. En primera instancia, se informó, la campaña hará especial énfasis en las tarifas preferenciales que deben beneficiar a menores de edad, ancianos y personas con discapacidad. Por su parte, el Vicepresidente del Estado afirmó que es “interés prioritario” del Gobierno la protección del usuario, así como pidió a la población acompañar esta campaña “para garantizar que nadie le abuse”.
La campaña se desarrollará con el apoyo de los viceministerios de Transportes y de Seguridad Ciudadana, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y será de largo aliento, ya que tiene tres fases. En la primera se informará a los viajeros sobre sus derechos, para ello se elaboraron gigantografías, material impreso, spots televisivos, cuñas radiales y un video en español, quechua y aymara. En la segunda etapa se realizarán operativos de control; y en la tercera se hará énfasis en los derechos de los choferes y sus relevos.
Considerando que, según datos oficiales, el servicio de transporte terrestre de pasajeros es empleado mensualmente por 1,4 millones de personas, el prestar mayor atención al efectivo ejercicio de los derechos que les amparan tiene que ver directamente con la calidad de vida de toda la población, incluyendo a los conductores y sus ayudantes.
Asimismo, es deseable que la campaña venga acompañada de una renovada actitud de parte de las instancias llamadas por ley a regular los distintos aspectos de la prestación del servicio, pues no basta con concienciar a las personas acerca de sus derechos, sino que debe ponerse en funcionamiento los mecanismos para que éstos sean efectivamente exigidos.
Es, pues, una buena noticia que desde ahora los derechos de las y los usuarios del transporte terrestre sean objeto de atención de las instancias llamadas a protegerlos. Ojalá que la iniciativa no se quede en una bonita campaña y nada más.
