Días atrás, el Presidente del Estado anunció que Bolivia planteará a la Organización de Naciones Unidas (ONU) declarar al conjunto de servicios básicos como derechos humanos. La iniciativa es parte de lo que podría llamarse derechos humanos de “cuarta generación”. Satisfacer estos derechos exige al Estado actuar no sólo como garante, sino sobre todo como proveedor.
En efecto, el Primer Mandatario, a través de la Cancillería, propone a la comunidad internacional reconocer el deber de los Estados de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios básicos. Los antecedentes inmediatos son la declaratoria del acceso a internet como parte de este bloque de derechos; y la misma decisión para el acceso al agua potable y al saneamiento básico, iniciativa boliviana en el organismo internacional.
Respecto a estas propuestas bolivianas en el contexto internacional, cabe señalar que la Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce como parte de los derechos fundamentales el “derecho al agua y a la alimentación”, lo mismo que el “acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”, con lo que se tiene clara noción del alcance de este que puede ser un nuevo derecho humano universal.
De acuerdo con la doctrina, derechos como el que se comenta, pertenecen a la categoría llamada “de prestación”, que en sentido amplio significa una pretensión del Estado de brindárselo a las personas, lo que implica acciones de los poderes públicos para dar respuesta a esta pretensión; así, para garantizar el goce de este derecho, el Estado debe movilizar sus recursos no sólo en los ámbitos normativo y regulatorio, sino también como promotor activo de su prestación.
Por lo pronto, el Estado boliviano está demostrando que, incluso con falencias y retrasos, es posible desarrollar planes y programas para extender la cobertura de los servicios básicos allí donde son necesarios, y no sólo donde hay buenas perspectivas de negocio para los prestadores, como sucedía durante la vigencia del modelo neoliberal. El reto para la administración no es menor, pues en la medida que se posiciona como derecho de las personas, éstas aprenden a demandarlo, reduciendo el margen de error de quienes están a cargo de garantizar que los servicios básicos lleguen a todas y todos.
Las experiencias bolivianas en materia de cobertura del servicio de telecomunicaciones y acceso al agua potable y para riego son muestra de que hay voluntad política para hacer posible el ejercicio de estos nuevos derechos; aunque no siempre existen las condiciones materiales y los recursos suficientes para beneficiar a toda la población. Sin embargo, pese al camino que falta por recorrer, una vez más, el país da el buen ejemplo.
